Senado aprueba convocatoria para elecciones en el Poder Judicial

Gerardo Fernández Noroña advierte que “no hay poder humano que pueda detener la elección de las personas juzgadoras”.

Gerardo Fernández Noroña afirma que nadie podrá detener la elección de personas juzgadoras. | Foto. Cuartoscuro
Silvia Arellano y Liliana Padilla
Ciudad de México /

Con 78 votos a favor y 39 en contra, el Senado aprobó la convocatoria para iniciar el proceso que concluirá el primer domingo de junio de 2025 con la elección de los primeros 881 ministros, magistrados y jueces, integrantes del Poder Judicial.

Dichos puestos son:

  • Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
  • Magistradas y magistrados de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
  • Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
  • Magistradas y magistrados de Circuito
  • Juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Con el voto en contra de la oposición que se negó a avalar la convocatoria porque forma parte de un proceso que ha sido impugnado, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado, cumplieron con lo establecido en la reforma judicial que fijó como plazo máximo el 16 de octubre para emitirla.

Con la emisión de la convocatoria, los integrantes del Poder Judicial que resultaron insaculados en tómbola, deberán decidir si participan en la elección o declinarán, así como los nuevos aspirantes que quieran ocupar un cargo judicial mediante el voto popular.


A pesar de las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial, que este martes dieron portazo en Palacio Nacional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó este acto como de “desesperación” y advirtió que “no hay poder humano que pueda detener la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025”.

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El coordinador morenista, Adán Augusto López, dijo que con la aprobación de la convocatoria se inicia el conjunto de acciones que permitirá la elección de integrantes del Poder Judicial, “sin embargo lo que estamos viendo es un desfile de hipocresías y vienen a decir que Morena se va a quedar con el Poder Judicial, no”.

Advirtió al recordar que hay estados como Jalisco donde hay magistrados al servicio del gobernador o una senadora que defiende la carrera judicial y fue presidenta del Tribunal de Justicia de su estado, “sin haber puesto un pie en un juzgado”.

“No se equivoquen, aquí no va a haber componendas, lo que vamos a ver en 2025 y 2027 es una expresión histórica del pueblo de México que por primera vez va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial claro que va”.

A nombre de la bancada del PRI, la senadora Claudia Anaya señaló que “la convocatoria es un accesorio de la reforma judicial y como hemos votado en contra de la reforma constitucional, de las reformas secundarias, en esta misma lógica votaremos en contra de la convocatoria”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda,  dijo que no hay nada que celebrar, “al contrario, éste es el epitafio del equilibrio de poderes en México” y consideró que ésta no es la reforma judicial que necesita el país.

Enrique Inzunza, senador de Morena, expresó: “no hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará la Corte curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil de la corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eternos, porque los magistrados serán amovibles”

Mira aquí la sesión del Senado:



¿Qué dice la convocatoria sobre elección de personas juzgadoras?

De acuerdo con la convocatoria que fue compartida a los senadores por parte de la Mesa Directiva, los cargos a elegir el primer domingo de junio de 2025, serán: 

  • Cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • Una magistrada un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
  • 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales.
  • 464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados
  • Magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación
  • 386 cargos a elegir para jueces y juezas de Distrito.

Serán electos por voto universal, libre, secreto y directo, y el INE realizará las actividades preparatorias para la organización de la elección.

Las y los ministros serán electos a nivel nacional, lo mismo que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, al igual que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Los magistrados de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral con residencia en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, será electos por región en su correspondiente circunscripción.

Los magistrados de tribunales colegiados de Circuito y colegiados de Apelación, serán electos por circuito judicial. Para este caso, el INE organizará y realizará la elección en los 32 circuitos judiciales correspondientes, considerado la base geográfica de los 300 distritos electorales federales. La misma metodología aplicará el INE para la elección de juezas y jueces.

Mientras que, quienes aspiren a los cargos de ministra o ministro, magistrada o magistrado del Tribunal de de Disciplina Judicial y magistrada o magistrado de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, deberán presentar para su registro:

  • Acta de nacimiento en copia certificada, o en su caso documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento. Exhibir original o copia certificada por autoridad competente o fedatario público de la credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE.
  • Título o cédula que acredite que la o el aspirante cuenta con licenciatura en Derecho. Certificado de estudios de historial académico que acredite los promedios correspondientes establecidos en los requisitos constitucionales. Documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos cinco años.
  • Constancia de residencia en el país de al menos dos años. Carta bajo protesta de decir verdad de que se goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito que amerite penal corporal de más de un año de prisión, ni condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama.
  • Que no se encuentre suspendido de sus derechos políticos, que no ha sido titular de una Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senadora, senador, diputada o diputado federal, ni titular del poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de la publicación de esta convocatoria.
  • Ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación. Cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

Para el registro de personas candidatas a magistradas o magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito se presentarán los requisitos anteriores más una constancia de práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura.

Constancia de residencia en el país durante el año anterior al día de la publicación de la presente convocatoria. Carta bajo protesta de decir verdad que se goza de buena reputación, no haber sido condenado (a) por delito doloso con sanción punitiva de la libertad, que no se encuentre suspendido de sus derechos políticos, y no haber sido titular de una Secretaría de Estado, Fiscal General de la Repúblicas, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni titular del poder Ejecutivo de alguna entidad federativa.

Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025 una partida complementaria necesaria para que el INE lleve a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral.

El Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el INE cuidarán que el proceso de campaña de las y los candidatos transcurran con seguridad y sin interferencias de cualquier institución o agente que puedan afectar la imparcialidad, equidad de la competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales.

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