El proceso electoral del 2021 será el más conflictivo de la historia, incluso por encima del de 2006, no solo por ser la más grande del que se tenga registro sino porque se tiene a un Presidente de la República vociferante y polarizante, a quien será difícil mantenerlo neutral, y porque preocupa la actitud del actual Tribunal Electoral del Po que no sigue bases estrictamente legales.
En el foro “30 años del órgano electoral en México”, organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que participaron los exconsejeros presidentes del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, así como el actual, Lorenzo Córdova, y moderado por Jacqueline Peschard, explicaron los retos para las elecciones del 2021 en medio de la pandemia y de un ambiente de polarización.
Luis Carlos Ugalde sostuvo que siempre creyó que el proceso electoral encabezado por él mismo en el 2006, la primera ocasión en que Andrés Manuel López Obrador acusó un fraude electoral por parte de Felipe Calderón y se realizó el recuento de votos, sería el más complejo de la historia de México. Sin embargo, ahora cree que los comicios del próximo año lo superarán.
Explicó que en primer lugar, porque tener un presidente de la República con un estilo “injerencial, político, activista, vociferante y polarizante” genera un gran reto.
“Las reglas electorales que se dieron en el 2007 justamente por las quejas de López Obrador de 2006 fueron restrictivas, en particular para el Presidente de la República a quien López Obrador había cuestionado un año antes por intervencionista e injerencista; y que buscan justamente atarle las manos al presidente y volverlo neutral. Y creo que el actual presidente de la República lejos va a estar de comportarse conforme establece la regulación y creo que en su momento, cuando el INE tenga que sacar las tarjetas amarillas habrá una fuente de conflicto muy complicado, sus mañaneras deberán suspenderse al menos durante las campañas y creo que eso va a ser complicado”.
Ugalde destacó que las elecciones de Estados Unidos dejó como aprendizaje que “una cosa es acusar fraude cuando has perdido la elección desde la oposición, y otra es hacerlo desde la Presidencia de la República”.
Otro reto calificado como grave por él, es tener un Tribunal Electoral que preocupa en muchos segmentos de la población por “este comportamiento que no sigue bases estrictamente legales y constitucionales y eso me parece que sí es un riesgo porque cualquier decisión que el INE tome con base a la ley y a su autonomía puede ser revocado por el Tribunal Electoral y eso genera un enorme riesgo”.
Además de poderes que intentan invadir facultades electorales, como el reciente acuerdo de la Cámara de Diputados con el que los diputados pretenden “procesar y regular su propio proceso de reelección”.
Actual administración no valora autonomía del INE: Woldenberg
El primer consejero presidente del entonces IFE, José Woldenberg, calificó como preocupante escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que la voluntad popular será la que definirá la aplicación o no de la ley, pues no queda claro entonces qué es la voluntad popular y qué es la justicia, y cuando se intenta reflexionar en el tema, él mismo da la respuesta.
Por lo que consideró delicado que en el Poder Ejecutivo no tenga claro que los poderes están fragmentados y así como tienen facultades, también están regulados por la Constitución y la leyes las cuales imponen límites.
“No hay poderes omnipotentes y a veces, me parece observar que en México se quisiera reconstruir una presidencia que no tuviera esas limitaciones constitucionales y legales, temo a una presidencia desbordada y que no es capaz de asumir que, como tal, tiene límites.“Y no creo exagerar si digo que la presente administración no valora esa autonomía y que desearía alinear no solo al INE sino al resto de los órganos de estado autónomos a la voluntad presidencial, pero si ello llegara a suceder perderíamos todos: los ciudadanos, los partidos y hasta el propio gobierno porque el ancla de la credibilidad en el expediente electoral se habría vulnerado”.
Mientras que el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, sostuvo que la autoridad electoral es fundamental, pues antes de su creación, los resultados de las elecciones los manejaba la Secretaría de gobernación y así el partido en el poder ganaba todas las elecciones, no se fiscalizaba y desviar recursos públicos a las campañas del partido en el gobierno no era delito electoral y sucedía con mucha frecuencia.
Seguiremos cumpliendo pésele a quien le pese: Córdova
El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que al INE, y antes al IFE, siempre se les ha acusado de "partidización y sesgo", pero los resultados de la democracia y alternancia están a la vista.
Por lo que advirtió que las democracias no se tratan de la voluntad de un solo hombre, de un solo partido o de una sola lucha, sino de un esfuerzo de todos los ciudadanos y del trabajo de la autoridad electoral, que recalcó, es en el caso del INE una de las instituciones más sólidas y confiables del Estado mexicano y una de las autoridades electorales más reconocidas en el mundo.
“Que las elecciones del 2021 sean una vez más exitosas, donde los ciudadanos recreemos nuestro derecho democrático y renovemos pacíficamente los poderes públicos a partir del voto libre y de la equidad en la contienda electoral. El primero es un ejercicio democrático cuyas condiciones nosotros tenemos que poner sobre la mesa y la segunda, la equidad, es una responsabilidad que hemos venido cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo pésele a quien le pese”.
Detalló que del 2015 al 2020, el INE ha organizado 200 elecciones y han registrado el índice de alternancia más grande de la historia ubicada en el 62 por ciento.
“Es decir, hoy la posibilidad e que el partido que ganó una elección vuelva a ganar la siguientes de a penas cuatro de cada 10 posibilidades, lo que me parece, es una prueba fehaciente de que hoy el voto no representa solo el derecho de los ciudadanos sino un auténtico mecanismos de rendición de cuenta mediante el cual se premian o se castigan buenas o malas actuaciones en el gobierno o en los espacios de representación política”.
JLMR