Desde el 7 de septiembre de 2020 al 31 de marzo, se registraron al menos 262 agresiones (delitos de fuero común) en contra de políticos con un saldo de 241 víctimas de diversos delitos, de las cuales 25 por ciento son mujeres, detalló la empresa Etellekt Consultores en su tercer informe de violencia política en México.
De acuerdo con el informe, 65 políticos fueron asesinados, de los cuales 20 eran aspirantes a puestos de elección (17 hombres y tres mujeres), siendo el periodo electoral más violento desde las elecciones del año 2000, solo por debajo de las de 2018 cuando se registraron 152 asesinatos.
No obstante, el principal blanco de atentados resulta ser la oposición, pues el 74 por ciento de los 65 políticos asesinados pertenecen a partidos que no están al poder en gobierno estatales. Por alianzas partidistas, “Va por México” -integrada por el PAN, PRI y PRD-, acumula 32 víctimas (49 por ciento del total). Mientras que los partidos que conforman la coalición “Juntos Haremos Historia”, suman 18 militantes asesinados, es decir, 28 por ciento.
Por ello, la violencia contra opositores supera a los aspirantes asesinados. Del total de políticos asesinados de forma violenta, 20 precandidatos a competir por alcaldías y regidurías en el país, 17 aspirantes (82 por ciento) eran opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían representar.
“Durante el mes de marzo, los asesinatos contra políticos descendieron 7 por ciento con el mes de en febrero, al tener un total de 13 políticos asesinados, en comparación con los 14 que perdieron la vida un mes antes”, reveló el documento.
Veracruz, la entidad con mayor riesgo para la actividad política
Una de las gráficas realizadas por Etellekt Consultores, indica que Veracruz es el estado con mayor riesgo para ejercer la vida política, al concentrar 20 por ciento de las 262 agresiones globales y más del 10 por ciento de los 65 asesinados. En segundo lugar está Guerrero, después Morelos, Guanajuato y Oaxaca.
Entre los delitos destacan amenazas, homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, privación ilegal contra la libertad, atentados contra familiares, robo con o sin violencia, homicidio en grado de tentativa, daño a la propiedad, despojo de oficinas, entre otros. Cabe destacar que 45 por ciento de las agresiones cometidas fueron con armas de fuego.
“Los atentados mortales contra servidores públicos de los todos los poderes, niveles de gobierno y jerarquías, representan un serio desafío para garantizar la autonomía, independencia y legitimidad de las autoridades designadas, cuya seguridad se encuentra expuesta de manera cotidiana por amenazas o presiones de grupos delictivos”, indicó la consultoría en análisis de riesgos y manejo de crisis.
JLMR