La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga expedientes contra el candidato de Morena a la alcaldía Iztacalco, Armando Quintero, por incumplimiento de sentencia en demandas laborales, tras un conflicto que ocurrió en 2013.
Presuntamente, Armando Quintero ignoró las resoluciones judiciales ahora enfrenta una destitución y puesta a disposición de las autoridades por el delito de desacato.
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De acuerdo con el expediente que analiza la Suprema Corte, al cual MILENIO tuvo acceso, se detalla que en más de una ocasión la alcaldía de Iztacalco “mostró una conducta evasiva para acatar el fallo” primero del juzgado de distrito y posteriormente del tribunal colegiado.
El 12 de noviembre de 2013, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, fue denunciado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por un trabajador de la alcaldía, a quien cesó de forma injustificada y se negó a pagar la liquidación que por ley corresponde.
Así lo detallan los documentos del expediente único 25452777 y del expediente 3/2019, ambos turnados al decimotercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito.
El juicio laboral se extendió hasta el 23 de septiembre de 2015, cuando un juez federal resolvió que la alcaldía Iztacalco debe pagar la liquidación, los salarios caídos, primas vacacionales y demás prestaciones al ex trabajador, así como una multa de 100 a mil días contra Quintero por no acatar la sentencia.
Dos años después, el 25 de enero de 2017, el afectado obtuvo su finiquito correspondiente a los años 2003 a 2013, así como su reinstalación en la plantilla administrativa de la entonces delegación Iztacalco, con un sueldo superior al que contaba antes de ser despedido injustificadamente.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito envió otra notificación donde especificaba que no fueron cubiertas las aportaciones al ISSSTE y al fondo de retiro, por lo que ordenó a la demarcación cumplir la resolución a la brevedad o de lo contrario se aplicaría la sanción correspondiente.
Ante las omisiones de las autoridades de Iztacalco, el asunto fue remitido a la Suprema Corte, donde se determinó que Armando Quintero incurrió en el delito de desacato por no haber respondido en el plazo que se le dio para finiquitar por completo el pago al afectado.
En el proyecto de separación del cargo se detalla que el entonces titular de la alcaldía mostró una conducta evasiva para acatar el fallo y no acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoría de mérito a pesar de los requerimientos que hizo el juzgado de distrito, así como el Tribunal Colegiado.
Por ello, la autoridad consideró procedente la separación del cargo y la consignación correspondiente por el delito de desacato, mismo que es considerado como grave y que amerita cárcel y sin derecho a fianza.
“Se ordena la separación del cargo y consignación de la autoridad responsable, Raúl Armando Quintero Martínez, titular de la alcaldía Iztacalco, por haber incumplido la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, por el juzgado quinto de distrito en materia de trabajo en Ciudad de México”, señaló.
El expediente continúa abierto y se turnará a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para que ejercite una orden de aprehensión contra el candidato de Morena.
Otra denuncia en contra de Raúl Armando Quintero Martínez fue realizada en el 2016 por Maribel Mejía Zepeda, quien en esa época era su esposa, por haberla golpeado y amenazado.
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En el expediente 1613/2016, Mejía Zepeda narra que recibía constantes amenazas, insultos y salvajes golpizas por parte del ex alcalde, sobre todo cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia tóxica.
Quintero Martínez, una vez que supo de la acción penal, trató de hacer caso omiso, pues consideró que no había pruebas contundentes y suficientes para acusarlo.
Sin embargo, Maribel Mejía presentaba golpes en el cuerpo, por lo que las autoridades correspondientes iniciaron un proceso en su contra el 23 de septiembre de 2016.
Después de ser notificado por cuatro ocasiones, Armando Quintero se presentó ante el impartidor de justicia con sede en el Juzgado 6 Familiar, donde se le dio a conocer la denuncia que tenía en su contra y con ello un inminente divorcio.
Cabe señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), toda persona que desee participar como candidato en las contiendas electorales tendrá que presentar su constancia de antecedentes no penales y demostrar que no tiene ninguna cuenta pendiente con las autoridades judiciales, de lo contrario no puede inscribirse como aspirante a un puesto de elección popular.
FLC