De los 41 diputados locales que tiene Puebla, 26 por mayoría relativa y 15 por representación proporcional, solo siete lograron convencer a sus partidos políticos para permitirles competir por la reelección; de esta cifra, algunos destacaron por sus propuestas pero otros por su improductividad o su incapacidad para cumplir lo que prometieron en 2018, cuando asumieron el cargo.
MILENIO Puebla hizo una revisión a las propuestas que los candidatos de esta contienda realizaron durante su campaña de hace tres años, a fin de revisar si cumplieron con lo que prometieron o se quedaron en el camino.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apostó por Nora Merino Escamilla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Fernando Sánchez Sasia para retener las curules que obtuvieron en 2018 al ganar en los distritos 10 (Puebla), 24 (Tehuacán Norte) y 25 (Tehuacán Sur).
Más allá del efecto que tuvo Andrés Manuel López Obrador en la contienda del 2018, los morenistas cumplieron con algunas de sus propuestas de campaña pero mantienen en la congeladora otras más, con poco tiempo para sacarlas adelante.
Cumplieron con la abrogación de la llamada “ley bala”, que permitía a fuerzas de seguridad pública usar proyectiles para disuadir manifestaciones; eliminaron la figura del fuero para el gobernador, diputados locales, magistrados, el fiscal y el auditor superior para que sean enjuiciados en caso de cometer algún delito durante su cargo.
Asimismo, dieron facultades al gobernador para otorgar indulto a personas que hayan sido encarceladas de manera injusta; y devolvieron su autonomía a San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan y Soltepec, los municipios que componen Ciudad Modelo.
Los morenistas prometieron el matrimonio igualitario y si bien ya fue aprobado, fue más por la presión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo sobre el Congreso de Puebla para legislar al respecto.
Sin embargo, tanto Merino Escamilla, Romero Garci-Crespo y Sánchez Sasia todavía tienen entre sus pendientes dos propuestas de campaña: la despenalización del aborto, que se discutirá en el Pleno previo a las elecciones; y quitar la concesión del agua potable a Agua de Puebla, para lo cual aún no han presentado propuestas firmes.
Va Por Puebla, productivos e improductivos
Rivales en 2018 pero aliados en este proceso electoral, la coalición Va Por Puebla (PAN-PRI-PRD) intentará ganar cuatro espacios en el Congreso local a través de diputados que ejercieron funciones en los últimos tres años, destacando algunos por su productividad pero otros por su bajo índice de propuestas.
Destacan las panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, del distrito 9 en Puebla capital, y Nancy Jiménez Morales, del distrito 5 en Tlatlauquitepec, quienes fueron de las legisladores más activas de los años.
Aunque votaron en contra o se abstuvieron del matrimonio igualitario y rechazan la despenalización del aborto, Rodríguez y Jiménez Morales basaron su trabajo legislativo en la defensa y procuración de los derechos humanos de los niños, los adolescentes y las mujeres, principalmente.
La primera tiene 37 iniciativas y 21 puntos de acuerdo aprobados, entre los que destacan el acceso a la educación de niñas y adolescentes embarazadas, considerar la atención de la menstruación en la Ley de Educación y el aumento de penas a quien cometa violencia familiar contra menores de edad.
La segunda logró el aval de 21 iniciativas y 8 puntos de acuerdo, destacando aquél que promovió para impedir que las empresas exijan pruebas de embarazo a su personal femenino para ingresar o permanecer en un cargo.
Sin embargo, hay otros dos perfiles que pelearán por la reelección y han presentado pocas propuestas, como Oswaldo Jiménez López, del distrito 17 en Puebla capital; y Nibardo Hernández Sánchez, del distrito 23, en Acatlán de Osorio.
El primero llegó al cargo por la vía plurinominal y no tuvo propuestas de campaña en 2018, pero solo le han aprobado 3 iniciativas y 2 puntos de acuerdo, siendo el más relevante el de incrementar penas a personas que cometan agresiones contra personal por la salud.
El segundo, emanado del PRI, tiene 2 iniciativas y 23 puntos de acuerdo aprobados, siendo una reforma al Código Penal el más relevante, pues logró penas de 10 a 30 años de cárcel contra quien cometa el delito de violación sexual.
No obstante, a principios de año estuvo involucrado en un escándalo por supuestamente extorsionar a presidentes municipales de la región que representa, ya que les habría solicitado dinero a cambio de llevar obra pública a las demarcaciones que aceptaran.
AFM