En Puebla, 47 presidencias municipales están encabezadas por mujeres, es decir, 21 por ciento de los 217 ayuntamientos; mientras que casi la mitad de las curules en el Congreso del estado son ocupadas por diputadas.
Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, destacó que, en el periodo electoral 2017-2018, participaron 11 mil 499 candidatas en Puebla a puestos locales, lo que permitió una paridad en el poder legislativo local; sin embargo, el pendiente en la actualidad es la aplicación de la ley frente a la violencia política por razones de género para contrarrestar el problema.
“Uno de los pendientes más evidentes es la utilidad de la ley frente a la violencia política por razones de género. Esta modalidad de violencia ha aumentado debido al rechazo por parte de los varones en la política, particularmente en las regidurías y poderes municipales”, apuntó.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en una mesa de diálogo virtual organizada por la Ibero Puebla sobre la mujer y la política, Gutiérrez Jaramillo destacó que el estado había tenido una subrepresentación de mujeres.
“Antes del proceso electoral de 2018, ellas ocupaban el 29 por ciento de los escaños en los congresos y solo había 13 alcaldesas en los 217 municipios. Con el principio constitucional de paridad de 2014, se impulsó el mecanismo de bloques de competitividad para garantizar paridad vertical, horizontal y contienda en municipios con posibilidades de ganar. Este principio permitió, entre otras cosas, que las planillas de contienda por ayuntamientos se integren por hombres y mujeres en igualdad estricta”, apuntó.
Antes del 2018, Puebla solo había tenido 44 alcaldesas en toda su historia y ahora se busca que se pueda ver “el rostro de mujeres trabajando a favor de mujeres e incidir con políticas públicas con perspectiva de género”.
Para Gutiérrez Jaramillo, la democracia paritaria requiere impulsarse a nivel municipal porque es en el ámbito local en donde las mujeres se convierten en agentes de cambio a partir del impulso de acciones puntuales para satisfacer necesidades específicas.
Por su parte, la diputada de la LX Legislatura del Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo, explicó que el debate de la desigualdad se centró en el tratamiento dado por los poderes públicos a las necesidades de las mujeres; sin embargo, una de las prioridades es la incorporación de ellas al poder, a la toma de decisiones y al liderazgo en todos los ejes de la acción colectiva.
“El ejercicio de los tres poderes debe ser visibilizado con perspectiva de género para entender las diferencias entre aplicar políticas públicas a favor de hombres y mujeres. Las mujeres deben participar no solo en la vida política de un país, sino en la toma de decisiones que favorezcan a un grupo vulnerable como son las propias mujeres”, destacó.
García Olmedo resaltó la importancia de que el trabajo que realizan los movimientos feministas debe ser aprovechado por las academias y articulado.
AFM