Entre el 20 y el 31 de marzo aumentaron en 24 los actos de violencia política; es decir, más de 2 agresiones por día en el marco de la jornada electoral de este año, rumbo al 6 de junio, de acuerdo con de acuerdo con el más reciente Indicador de Violencia Política de Etellekt.
En ese informe se indica que Veracruz sigue siendo la entidad de mayor riesgo para la actividad política y electoral de cara a las campañas, concentrando el 20 por ciento de las 262 agresiones globales y de los 65 políticos asesinados.
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El ámbito municipal continúa siendo el de mayor riesgo para desempeñar cargos de elección o para competir por los mismos, pues el 87 por ciento de los 65 políticos asesinados eran personajes de este nivel de gobierno, entre los que destacan cuatro alcaldes como el presidente municipal de Casimiro Castillo, en Jalisco, quien buscaba reelegirse.
Sobre las personas agresoras, 17 de los 20 aspirantes que perdieron la vida en estos ataques fueron asesinados por comandos armados (85 por ciento del total de casos). Dos aspirantes más perdieron la vida a manos de pistoleros solitarios y un aspirante a una diputación local por el distrito 1 de Nuevo León, perdió la vida a manos de asaltantes en la ciudad de Monterrey.
Adicionalmente, el Informe de Etellekt contabilizó un total de 80 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas asesinadas. De ellas, sólo una persona estaba relacionada con el proceso electoral en curso: un capacitador del INE, asesinado en Fresnillo, Zacatecas.
De un saldo de 145 asesinados, 65 eran políticos y 80 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas.
También indica que “los atentados mortales contra servidores públicos de los todos los poderes, niveles de gobierno y jerarquías, representan un serio desafío para garantizar la autonomía, independencia y legitimidad de las autoridades designadas, cuya seguridad se encuentra expuesta de manera cotidiana por amenazas o presiones de grupos delictivos, tanto dentro como fuera de los procesos electorales”.
Finalmente, el informe señala la mayoría de los 80 servidores públicos asesinados eran directores y mandos de seguridad pública del ámbito municipal, pero la violencia registrada en este periodo abarcó también a servidores públicos de otras dependencias estratégicas relacionadas con servicios de agua, electricidad, salud, vivienda, educación y personal de áreas financieras, en los tres niveles de gobierno, así como a servidores de otros poderes, entre los que destaca un juez y un funcionario del poder judicial, ambos del nivel estatal.
AESC