En 2018, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón promovió una consulta popular en el marco del proceso electoral. La intención era preguntar si a los nuevoleoneses les gustaría que los parques estatales tuvieran casetas de primeros auxilios.
Se gastaron 30 millones de pesos para ello y el resultado fue abrumadoramente a favor.
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Hoy, a unos meses de que acabe su administración, esto no se ha cumplido, lo que deja de manifiesto la falta de certeza en la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana, sostuvo Carlos Osoria, maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de la Universidad Regiomontana (U-ERRE).
“Aun y con las consultas populares, que han sido probablemente las más exploradas. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista académico, no podría decir que tenemos tampoco un éxito en la implementación de las consultas populares, y eso que han sido las que más se han implementado”, sentenció.
Y es que si bien nació con amplia expectativa en el 2016, la Ley de Participación Ciudadana se ha quedado muy corta, pues a cinco años de distancia, varias de sus figuras siguen sin aplicarse.
Pese que los transitorios obligaban a generar esos lineamientos para tener certeza, el Congreso ha pecado de omiso a la hora de atender esos pendientes.
“No hay proyecto, en nuestro Congreso no está en los órdenes del día. Ahorita también están muy preocupados con las elecciones; vamos a pasar el tiempo y no va a haber, no va a existir la legislación y vamos a estar en una omisión legislativa como con los otros mecanismos”, sostuvo.
El resto de las figuras contempladas en la ley, como la consulta popular, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo, las iniciativas populares, las audiencias y el plebiscito también carecen, en la mayoría de los casos, de reglas.