Cinco magistrados de la Sala Superior reprocharon al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, diferir de manera unilateral, y por segunda semana consecutiva, las votaciones previstas para resolver temas relevantes, por lo que lo conminaron a cumplir con el código de ética y con su deber constitucional.
En una carta firmada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzáles, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, exhibieron que Vargas Valdez decidió de manera unilateral posponer la sesión que ya se había programado para este jueves y que se les informó mediante correo institucional el 21 de abril a las 21:39 horas, que se sesionaría hasta el próximo martes 27 de abril.
En el escrito del que MILENIO tiene una copia, señalaron que esta decisión que no fue consultada con el resto de los integrantes de la Sala Superior, afecta la impartición de justicia constitucional electoral encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que estamos en el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país.
“Estimamos que esta determinación afecta la impartición de la justicia constitucional electoral encomendad a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento del análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril”.
Los magistrados le recordaron claramente las atribuciones legales de la persona titular de la presidencia del Tribunal Electoral y de la Sala Superior que destacan, “sólo son de orden instrumental”, pues su responsabilidad es convocar a sesiones, pero compete a todo el pleno fijar días y horas, así como los proyectos a tratar.
Enlistaron que los “asuntos de carácter urgente”, pospuesto durante más de una semana, son los casos de las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, criterios aplicables en materia de asignación de diputaciones de representación proporcional, aplicación de acciones afirmativas en Tlaxcala y consultas sobre propaganda gubernamental en el Estado de México.
En el caso de sobrerrepresentación recordaron que el proyecto se hizo público desde el lunes 12 de abril, pero no fue votado. En ese tema, también fue el magistrado presidente quien solicitó posponer la votación, pues expuso que necesitaba razonar su voto ante la relevancia del tema.
El escrito, el cual la magistrada Mónica Soto no respaldó, insiste en que “diferir la celebración de sesiones públicas, de manera unilateral por parte de la Presidencia de este órgano judicial, implicando no sesionar durante semanas, y por ende, no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad de esta institución”.
Los firmantes dejaron claro que están “en aptitud material y jurídica” para resolver todos estos casos hoy mismo y concluyen haciéndole un llamado a “cumplir con los mandatos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia, así como el código de Ética de este Tribunal”.
JLMR