La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) envió a los partidos políticos y candidatos, las anomalías detectadas en sus informes de gastos de campaña que incluyen aquellos movimientos financieros reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que los aclaren, no sean amonestados y no corran el riesgo de ser denunciados o hasta perder sus triunfos.
En entrevista con MILENIO, la consejera Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización, dio a conocer que ya se enviaron los oficios para que los partidos políticos y candidatos aclaren sus ingresos y gastos de campaña, pues recordó que el INE tiene exactamente un mes, el 22 de julio, para concluir el análisis de todos los reportes de fiscalización y determinar si existen irregularidades que no fueron solventadas y en su caso, aplicar sanciones.
Recordó que tras los convenios de colaboración que el INE firmó con la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ahora se puede comparar si los partidos políticos, candidatas o candidatos no reportaron ciertos movimientos bancarios, aportaciones, retiros o transferencias, o si celebraron contratos con empresas alertadas como fantasmas o factureras, lo que de ser el caso, tienen pocos días para aclarar.
“El 5 de junio se venció el plazo para que partidos y candidaturas presentaran los informes de gastos de campaña, el INE está revisando estos informes, ya emitió el oficio de errores y omisiones para que los partidos en su caso determinen o presenten o manifiesten lo que a su derecho convenga. Digamos que estamos ahora esperando las respuestas de los partidos políticos a los oficios de errores y omisiones y seguiremos en este proceso de fiscalización establecido por la norma”.
Señaló que se evaluarán las respuestas que envíen aquellos en los que se detectaron anomalías y se continuarán con “otras técnicas de auditoría” para que quede completamente claro y justificado el origen y destino de los recursos empleados durante el proceso de campaña.
“Seguimos con otras técnicas de auditoría, con la información que proporciona la UIF y con las verificaciones que hacemos a proveedores respecto a operaciones realizadas por los partidos políticos o candidaturas y además, recordemos que se presentan quejas en materia de ingresos y egresos de partidos político durante campañas electorales que también tenemos que revisar y resolver en el plazo legal del 22 de julio.
“En caso de que si nosotros determinamos que hay rebase de topes de gastos de campaña, el Tribunal Electoral tenga toda la información atinente para determinar si se tendrá por anulada alguna elección en caso de estar en estos supuestos”.
La consejera recalcó que este proceso de verificación también busca indagar que el dinero que usaron en campaña los partidos y candidaturas sea lícito, o de lo contrario, se corresponderá a dar vista a las autoridades correspondientes.
“Todas las aportaciones que nos reportan tenemos que determinar si el origen es lícito o si se encuentra en alguno de los supuestos prohibidos por la norma para que los partidos y candidaturas reciban recursos. Por ejemplo, de partidos políticos en el extranjero, de empresas de carácter mercantil, de ministros de culto, etcétera.
“Cualquier autoridad del estado mexicano que esté o conozca de la presunta comisión de un delito, tiene la obligación de dar vista ala autoridad competente, es decir, por supuesto que haremos las denuncias, haremos las vistas correspondientes para que la autoridad competente actúe. El Consejo General con los propios dictámenes y resoluciones se puede anunciar desde ahí que se ordena al secretario Ejecutivo que dé vista a la autoridad por esta irregularidad o presunto ilícito que se esté cometiendo”.
MILENIO dio a conocer que de acuerdo al reporte de la Unidad Técnica de Fiscalización al corte del 5 de junio, de los 29 mil 610 reportes esperados, se recibieron 28 mil 661, es decir, el 3.2 por ciento no cumplió con esta obligación legal, lo que equivale a 949 candidaturas que recibirán sanciones tan sólo por la omisión de entregar el informe, más lo que se detecte de irregularidades en sus gastos.
Del total, 24 mil 397 informes corresponden a candidaturas federales y locales de partidos políticos, dos mil 889 de coaliciones, mil 989 comunes y 335 independientes.
Las candidaturas más omisas son las de presidencias municipales con 489 casos sin informes presentados del global de 15 mil 68; de los 133 candidatos y candidatas a gubernaturas, solo en dos fueron omisos; mientras que en el caso de diputaciones locales de mayoría relativa hay 115 omisiones, 91 en los de representación proporcional. Mientras que las candidaturas por diputaciones federales son las de mayor cumplimiento pues el total de dos mil 193 obligados a entregar informes por mayoría relativa cumplieron, y de los 44 de representación proporcional solo uno quedó pendiente.
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