El caso del priista Adrián de la Garza y la entrega de la tarjeta Mujer Fuerte en Nuevo León no es el primero que ocurre en campañas electorales. Ningún partido ha estado exento de la entrega de tarjetas electrónicas como compromiso a cambio del voto, desde el PRI y el PAN, hasta aspirantes que ahora están en Morena, como la propia Clara Luz Flores, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, quien ofrece una tarjeta de apoyo a mujeres en situación vulnerable.
En una publicación en su cuenta de tweeter del 8 de marzo, donde dio a conocer su plan de apoyo a las mujeres de esa entidad, promueve la "Tarjeta Nuevo León", un "programa de apoyo para mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica".
Morena defendió la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pero no solo su candidata en Nuevo León hace la oferta de tarjetas electrónicas, antes, en 2011 lo hizo Alejandro Encinas en el estado de México cuando fue candidato por el PRD y apoyado por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador. Más recientemente, Carlos Lomelí en Guadalajara, o Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo en la contienda en curso.
Morena recurrió en este proceso electoral a la entrega de tarjetas en la alcaldía Miguel Hidalgo a mujeres en situación vulnerable. Víctor Hugo Romo presentó la tarjeta violeta y aseguró que dará 170 mil tarjetas electrónicas.
Lo mismo ofrece, una vez que gane la elección, Carlos Lomelí en el ayuntamiento de Guadalajara, quien aunque no aclaró los montos, ofreció tarjetas que ofrecerán descuentos en productos de la canasta básica. La oferta se cumpliría solo si gana las elecciones del 6 de junio.
Además, el PAN en Baja California Sur, también ofrece tarjetas electrónicas que serán efectivas una vez ganada la elección. Francisco Pelayo prometió a la ciudadanía la tarjeta Unidos Contigo, en apoyo a madres y adultos mayores.
La entrega de tarjetas desactivadas pero foliadas, se presentó por primera vez en 2011 en los estados de Michoacán, Coahuila y estado de México. Lo hicieron los priistas Fausto Vallejo, Rubén Moreira, Eruviel Ávila y Alejandro Encinas, quien compitió por el PRD, pero apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2015 el PRI denunció al PAN en Colima, pues su candidato Jorge Luis Preciado repartía tarjetas en los que solicitaba datos de los electores.
Dos años después, en 2017, el priista Miguel Riquelme, hoy gobernador de Coahuila, entregó la tarjeta “mi monedero rosa”. Este hecho fue investigado y sancionado por el INE que determinó multar con 900 mil pesos al PRI- Verde y Nueva Alianza que encabezaron la coalición. Sin embargo, la sanción fue echada abajo por el Tribunal Electoral bajo el argumento de que solo se trató de propaganda, y no hubo pago alguno a los votantes.
Casi seis años antes se registró, por primera vez la entrega de tarjetas. Fausto Vallejo entregó la tarjeta “la efe” en Michoacán; Rubén Moreira lanzó “más mejor” en Coahuila, mientras que en el estado de México, Alejandro Encinas, entregó “la cumplidora” y Eruviel Ávila, “la efectiva”, que sí tenía recursos para los potenciales votantes. La campaña del priista reconoció haber gastado 134 millones de pesos entregados a través de “la efectiva”.
Ese fue el antecedente del 2012 cuando el priista Enrique Peña Nieto entregó dinero a través de las tarjetas “Monex”. El PRI admitió haber destinado 16 millones para la distribución de las tarjetas y 50 millones más para la entrega de dinero electrónico. Este hecho fue uno de los argumentos de la impugnación de los resultados electorales que llevó Andrés Manuel López Obrador al Tribunal Electoral. Tres años después, en 2015, los magistrados decidieron no sancionar el uso de las tarjetas electrónicas, bajo el argumento de que eso no implicó la compra del voto.
En 2017, los priistas Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme repartieron tarjetas rosas durante sus campañas. En el Estado de México, Del Mazo ofreció la tarjeta Salario Rosa, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de dos mil 400 pesos a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza.
En Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. El INE sancionó a la campaña de Riquelme, pero no a Del Mazo. Al final, el Tribunal Electoral determinó que no hubo violaciones a la legislación electoral.
El Consejo General del INE resolvió, al respecto que las tarjetas “Mi monedero rosa”, “Mi monedero” y “Mi tarjeta de inscripción”, utilizadas en la campaña del candidato priista, Miguel Riquelme, son gastos sin objeto partidista.
La entrega de dichas tarjetas, de acuerdo con la resolución del INE que después tumbó el Tribunal Electoral, contravino el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que los partidos políticos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.
Aunque el Tribunal Electoral advirtió que no se permitiría el uso de tarjetas en el proceso electoral de 2018, unos meses después, cuando ya había iniciado la precampaña, los magistrados argumentaron que el uso de tarjetas era un elemento de propaganda electoral y mientras no existiera un beneficio directo que comprometiera o condicionara el voto del ciudadano no habría violación alguna, por lo que ordenó eliminar el artículo 143 del reglamento de Fiscalización del INE.
En el articulado se establecía la prohibición de los candidatos a entregar “tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio”.
El priísta José Antonio Meade inició su campaña con la entrega de un certificado a quienes respondiera la encuesta sobre necesidades concretas de la ciudadanía. La tarjeta “Avanzar Contigo” con código de barras, solicitaba a contra entrega, el nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección, además de enumerar tres necesidades más urgentes, personales y para el país.
El panista Ricardo Anaya también promovió el uso de tarjetas como parte del programa de Ingreso Básico Universal. En la ciudad de México, el programa se replicó a través de la perredista Alejandra Barrales, que en alianza con PAN y Movimiento Ciudadano, también promovió la entrega de la tarjeta “pa´las jefas” con un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales a las mujeres, lo mismo que una más “ciudad pa´estudiantes” con facilidades de transporte para quienes cursaran preparatoria o universidad.
En mayo de 2018, Barrales comenzó el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas pero con folio. A cambio se solicitaba entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario para obtener el plástico sin crédito.
Promesas de programas sociales en campaña
Candidatos en campaña de todo el país se apoyan actualmente en la promesa de programas sociales ya existentes o la creación de ellos, hasta la gestión de recursos federales, con tal de conseguir votos el 6 de junio.
En Campeche y Colima, las morenistas Layda Sansores e Indira Vizcaíno ofrecen bajar a la ciudadanía los programas sociales federales e incrementar los apoyos a nivel local. Sansores San Román fue, incluso captada en video, pidiendo datos para poder recibir la pensión mensual del gobierno federal.
Indira Vizcaíno quien fue delegada de programas federales antes de ser postulada por Morena en Colima, aseguró que una vez que sea gobernadora, se activarán de inmediato una serie de programas sociales, que implican la entrega de recursos locales.
En Sonora, el candidato de Morena, Alfonso Durazo, destacó entre sus propuestas de campaña que en su gobierno los apoyos a los productores ganaderos del estado se entregarán de manera directa y sin intermediarios. Además, prometió reducir en un 50 por ciento el presupuesto del Congreso del Estado, lo cual representaría un mínimo de 500 millones de pesos, para constituir con ello un fondo para otorgar becas a todas y a todos los estudiantes sonorenses.
En San Luis Potosí, Mónica Rangel promueve el programa social “Mujeres juntas”, como uno de sus proyectos de gobierno para apoyar a las mujeres. Se trata de un salario de 3 mil 500 pesos mensuales dirigido a las amas de casa, con éste dijo, reconocerá el trabajo de las mujeres en sus hogares.
En Oaxaca, el aspirante a diputado local por Morena, Luis Alfonso Silva fue denunciado por un audio en el que se le escucha condicionando la entrega de programas sociales a los adultos mayores, si los ciudadanos no votan por Morena. Además, una mujer de la tercera edad se queja de recibir amenazas de parte del aspirante.
“Si este 6 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, no logra la mayoría en las cámaras de diputados, olvídenlo, adiós a los apoyos a los adultos mayores, adiós a las becas, además de que todo será privatizado…”, se escucha en el audio.
En tanto en el testimonio de la mujer votante que se queja de amenazas se escucha y observa a la víctima decir: “El 25 de abril se presentó aquí el candidato Luis Alfonso Silva Romo, y nos amenazó y nos dijo que no sufragamos por él, nos iba a quitar el apoyo y la vacuna. Eso no se me hace justo, porque es derecho de todos…”.
En Acapulco, el candidato de la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja, presentó el programa social, ante mujeres, la “Tarjetaja”. Ante unas 400 mujeres que presentará un programa de tortillas gratuitas para apoyar la economía de los porteños, deteriorada por los efectos que ha dejado la pandemia del covid-19.
“Es un programa social, es una propuesta, para fortalecer la vida de todas las mujeres de Acapulco, hoy que les quitaron Prospera, perdieron su empleo y por eso es un programa que ayudará a las jefas de familia.
En tanto, en Guanajuato, el candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra el PAN, esto por la presunta compra del voto a través de “Vales de Grandeza”
De acuerdo a la vocería de su campaña, la denuncia fue presentada de manera formal desde el pasado 7 de mayo y contempla la compra del voto en al menos 300 colonias de la ciudad de León.
En un video, el candidato acusa a los panistas de la entrega de vales con un valor neto de hasta por hasta 500 pesos, 10 vales de 50 pesos cada uno, por votar por su candidata, Alejandra Gutiérrez.
El abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD, Ernesto Gándara, también ha presentado una decena de programas económicos de apoyo en caso de ganar las elecciones. Desde apoyos a madres primerizas, adultos mayores y estudiantes, hasta a pequeños comerciantes, vendedores por internet.
Liliana Padilla, Nancy González, Arnoldo Delgadillo, Gabriela Medina, Rocío López, Óscar Rodríguez, Javier Trujillo y Wendoline Adame
ledz