El Tribunal Electoral no debió “patear el balón” al INE para que resolviera el destino de las precandidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, pues retrasar una decisión definitiva que tenían facultades de ejercer sólo afecta los derechos de los candidatos, del partido y de la ciudadanía, sin embargo, las violaciones en que incurrieron ahora con “verdad jurídica” que dan la razón a los magistrados que decidieron retirarles el registro.
Ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal Electoral consultados por MILENIO coincidieron en que “el derecho debe ser la guía”, con la que el Consejo General del INE emita nuevas decisiones ante las violaciones de fiscalización documentadas y validadas jurídicamente en que incurrió Morena y sus precandidatos.
Señalaron además que ni las amenazas del partido o de los afectados, como las presiones u opiniones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, tienen relevancia alguna ante lo que está plasmado en una sentencia, que es “la verdad jurídica” de que incumplieron con sus obligaciones legales en precampaña.
La ex consejera Pamela San Martín sostuvo que no comparte la decisión del TEPJF de regresar la decisión al INE, pues evadió sus facultades para “resolver en plenitud de jurisdicción, que eso significa resolver directamente”, y si ya tenía la visión de cómo debió resolver el INE debieron tomar una determinación específica sobre si procede la candidatura o no, si se niega o no el registro de manera definitiva.
“Era muy importante que en esta ocasión el Tribunal resolviera en plenitud porque ya están corriendo las campañas electorales, porque tanto las ciudadanos y ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los que compiten en una elección, como los propios contenientes tienen derecho a saber si su candidatura será válida o no, y el partido tiene derecho a si se considera que no es válida sustituir a su candidato para ir a la competencia.“Estas son las reglas y los derechos asociados a esta discusión, si el tribunal de lo que estaba hablando era de una interpretación que analizara todos los derechos que estaban en juego, también debió haber pensado en estos derechos y no patear el balón y regresarlo al INE para que el INE resuelva lo que resuelva será impugnado por los afectados o los contendientes de los afectados, volverá a llegar al tribunal para que luego nuevamente sea el tribunal el que resuelva en definitiva, esto no es lo deseable en el marco de una competencia”.
El ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo que lo más importante es que la Sala Superior le dio al razón al INE en que quienes impugnaron sí son precandidatos, sí tenían obligaciones fiscales que evadieron y merecen ser sancionados. Y coincidió con la postura de la magistrada Janine Otálora en que la sanción para quienes resultan ganadores del proceso interno de precampaña es la pérdida de registro.
“Es una revisión que en términos de aquellos que resultaron candidatos, que fueron postulados, que en el proceso interno de ese partido lograron la candidatura la revisión es muy sencilla porque la ley es muy tajante desde 2014, la no presentación de informes de ingresos y gastos de campaña es causal de no registro de la candidatura, a mí me parece que en ese aspecto no hay lugar a una sanción distinta que la que ya aplicó el INE, de tal suerte que supongo que en la sesión del Consejo General ratificarán esa sanción”.
El ex consejero Benito Nacif dijo que con esta sentencia, los consejeros no podrían cambiar el sentido de la decisión anterior pues las faltas ya son “verdad jurídica” respaldadas por la máxima autoridad electoral del país.
Por lo que incluso minimizó las críticas y posicionamientos del magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas, pues nadie las respaldó en la Sala Superior ni forman parte de la sentencia.
“Yo no le daría ningún peso a las expresiones que a título personal emita el presidente del tribunal, lo que tienen que analizar los consejeros son los términos de la sentencia, lo que quedó plasmado en la sentencia independientemente de las opiniones de un magistrado”.
Mientras el ex consejero Alfredo Figueroa fue más allá y criticó que por estas posturas por encima de la ley es que “tenemos la peor Sala Superior y el peor presidente de esa sala en la historia de México que ha estado al servicio del poder y es lamentable”.
También coincidieron en que la declaraciones de Félix Salgado Macedonio son irresponsables y peligrosas, aunque de acuerdo con la visión de Figueroa, hasta ahora se quedan en balandronadas en las que el Consejo General no debe de caer y debe “tomar altura frente a estos nubarrones”.
Valdés Zurita agregó que “decir por parte del señor Salgado Macedonio que si él no es candidato no habrá elecciones en Guerrero, es una muy grave amenaza al estado de derecho y me parece que ninguna institución electoral o gubernamental incluso podría aceptar esa amenaza de ruptura del orden constitucional, el hasta ahora ex candidato deberá ser muy responsable con sus expresiones y hechos, molestar en su domicilio a un consejero electoral puede también ser una falta grave que está contemplada en el proceso penal y esa persona puede ser procesada en términos de una falta que puede tener consecuencias importantes respecto de su situación jurídica”.
RLO