La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara denuncias por delitos electorales en contra de tres candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, incluido el gobernador electo, Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, tras detectar aparente financiamiento ilícito en sus campañas.
El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD por la gubernatura de San Luis Potosí, Octavio Pedroza, también fue identificado por presunto financiamiento irregular durante el periodo de campaña, pues de acuerdo con los hallazgos de la UIF, incluso se detectaron triangulaciones de recursos provenientes de cuentas bancarias en Tamaulipas.
Mientras que el candidato de Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzado, El Tecmol, también tendría vínculos con el crimen organizado bajo la misma línea de los hallazgos detectados por la UIF en 2019, cuando fue incluido en una denuncia por nexos con grupos dedicados al robo de combustible.
Las denuncias que la UIF prepara ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República se basan en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que sanciona el financiamiento ilícito.
El artículo señala que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta”.
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MILENIO reveló la lista de al menos seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales a los que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Entre los que destacan el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de la coalición Morena-PT-PVEM y el gobernador electo de San Luis Potosí por el PVEM, Ricardo Gallardo.
El 8 de junio, dos días después de la elección, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que estaba trabajando en los primeros siete casos de candidatos en los que se detectaron anomalías en el sistema financiero durante el periodo de campañas de candidatos a gobernador, diputados federales y alcaldías en al Ciudad de México.
En el caso de Ricardo Gallardo, sumaría investigaciones tanto en la UIF como en el CNI que lo vinculan con grupos delictivos.
En el caso de la UIF, se detectó un aparente financiamiento a su campaña con dinero ilícito, además de que Gallardo tiene ya una denuncia por parte de la UIF desde julio de 2020 por presunto lavado de dinero, de la cual aseguró que consultó a la UIF para corroborar que no tenía ni cuentas bloqueadas, ni investigaciones en su contra, pero la investigación existe y ya está en manos de las autoridades correspondientes, cuyos hallazgos eran información confidencial que no podían entregarle.
MILENIO también confirmó que el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no será denunciado por la UIF, pues no se detectaron anomalías alarmantes en el sistema financiero. Los hallazgos fueron remitidos al Instituto Nacional Electoral, que deberá analizar si existen elementos que informar a las autoridades competentes por implicar algún delito electoral.
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