A tres meses de que comience el proceso electoral 2021-2022 para la elección de gobernador en Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán garantizar, tras las reformas al Código Electoral, el voto de las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que no hayan sido sentenciadas.
La ciudadana o el ciudadano que esté privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria podrá votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el estado de Hidalgo, así lo establece el artículo 5 del Código Electoral estatal.
La reforma, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 31 de mayo de este año, entró en vigor tras la conclusión del proceso electoral de diputados locales 2020-2021.
Los internos que podrán votar
La instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo será el próximo 30 de septiembre mientras que la instalación de los Consejos Distritales del INE se llevará a cabo el 30 de noviembre.
En tanto, la instalación del Consejo General para dar inicio al proceso electoral local en el Instituto Estatal Electoral se llevará a cabo el 15 de diciembre. La jornada electoral para la elección de gobernador será el domingo 5 de junio de 2022.
Al corte del primer semestre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que de los 12 penales y el Centro de Internamiento para Adolescentes en el estado cuatro mil 468 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales dos mil 783 ya fueron sentenciadas y mil 685 están procesadas por algún delito, estas últimas podrán votar en la elección de gobernador el siguiente año.
Por delitos del fuero común están procesados mil 420 hombres y 111 mujeres lo que suma un total de mil 531 personas; por delitos del fuero federal hay 137 hombres y 17 mujeres procesadas los cuales suman 154. Entre los procesados por delitos del fuero común y federal suman las mil 685 personas privadas de su libertad quienes tendrán acceso al voto tras la reforma al Código Electoral.
Los trabajos del IEEH y el INE
Uriel Lugo Huerta, secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, señaló que ya comenzó a trazarse la ruta de trabajo con la Junta Local del INE para atender la reforma al Código Electoral.
“Ya tenemos charlas con el INE en donde estamos revisando todo este tema para aterrizar los lineamientos, estamos en la construcción y ver la forma en que nos vamos a coordinar para poder ejecutar esta reforma y que las personas privadas de su libertad a las que se les está ampliando este derecho puedan ejercer su derecho voto en la próxima elección”, sostuvo.
Mencionó que al Instituto Estatal Electoral le tocará la parte de la promoción del voto y al Instituto Nacional Electoral la instalación de las casillas y la integración de los funcionarios de casilla.
“Tenemos que ver cómo va a ser la papelería, cómo va a ser la forma en la que van a votar estas personas, dónde se van a instalar las casillas, en qué centros penitenciarios, las medidas sanitarias, es toda una ruta que se tiene que empezar a construir”, aseveró.
Luego Huerta añadió que se tendrá que firmar un convenio de colaboración entre el IEEH y la Junta Local del INE al tiempo de reconocer que la implementación de la reforma al Código Electoral generará mayores recursos económicos aunque no precisó cuántos pues es un tema que está en análisis.
Los argumentos
Claudia Lilia Luna Islas, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV legislatura, promovente de la reforma al Código Electoral, argumentó en su iniciativa que hasta que no hayan sido sentenciadas condenatoriamente las personas privadas de su libertad en los penales tienen el derecho al sufragio activo.
Así las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y de Tratamientos o Internamientos mexicanos gozan de todos los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano,
“En esta iniciativa se busca respetar los derechos humanos de las personas que estén privadas de su libertad y que no han recibido una sentencia por autoridad judicial para que puedan ejercer su derecho al voto a efectos de que no se restrinjan sus derechos político-electorales acorde a los tratados internacionales suscritos por México”, sostuvo Luna Islas al momento de presentar la iniciativa en sesión virtual del Congreso el 29 de julio de 2020.
Puntualizó que el objetivo sustancial del derecho al voto de las personas en prisión preventiva radica en evitar la desincorporación y alejamiento de su pertenencia a la comunidad.
Diez meses después, el 13 de mayo de 2021, con 24 votos a favor los diputados locales aprobaron una serie de reformas al Código Electoral del estado, entre ellas la de la diputada Claudia Lilia, la cual entró en vigor para el proceso electoral 2021-2022 de la elección de gobernador del próximo año.