Para blindar al PAN, al PRI y al PRD de actos anticipados de precampaña, la apuesta que analiza la oposición para la candidatura presidencial, es que sea la sociedad civil la que se encargue de un ejercicio de elección primaria ciudadana y que incluya incluso, una segunda vuelta, para en septiembre, presentar a los partidos el perfil que más convence a la ciudadanía.
La oposición analiza la forma de darle la vuelta a la ley electoral,con proceso de los partidos en los que no participen de forma presencial sus dirigentes, con debates que llamarán foros de la ciudadanía, precandidatos denominados aspirantes ciudadanos, boletas que serán papeletas y otros mecanismos que impidan tener complicaciones legales.
MILENIO confirmó que un grupo de ex consejeros electorales, ex magistrados, presidentes del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, y de la sociedad civil integraron un grupo al que conocen como el mini INE, con 11 integrantes que presentaron una propuesta que blinde a los partidos de violar la ley.
Aunque el dirigente del PAN, Marko Cortés ha planteado que esta primaria sólo implique un porcentaje para elegir a la candidatura presidencial, pues ha insistido en mantener su propuesta de recolección de al menos 250 mil firmas en todo el país y una encuesta final. Lo que se determinará primero, en una reunión entre dirigencias del PRI, PAN y PRD este viernes y una reunión del consejo panista el sábado.
El encargado del grupo que analiza la forma de blindarse legalmente, es el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita quien reveló que ya presentaron la propuesta formal a los dirigentes de la coalición para que la ajusten o incluyen detalles.
“La idea es que, en primer lugar, no se violente la legislación electoral este procedimiento; y en segundo lugar, que no sea una simulación, que sea auténtico y logremos una participación ciudadana muy representativa. Los partidos sólo pueden hacer lo que está permitido por la ley, y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley, estamos buscando el argumento jurídico para que nosotros como ciudadanos, podamos actuar en este periodo”.
Explicó que las internas que quieren algunos de los aspirantes presidenciales, de acuerdo con la legislación, sólo están permitidas hasta la última semana de noviembre, por lo que los partidos estarían violando la ley si pretenden hacerlo antes.
El grupo de los 11 está integrado por: Valdés Zurita a la cabeza; por la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral Federal, María del Carmen Alanís; los ex consejeros del INE Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez; ex consejeros del IFE, Rodrigo Morales y Teresa González Luna; Rosa María Mirón, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y de la sociedad civil Mariclaire Acosta, María Elena Morera y Sergio Aguayo. Además de Guillermo Sheridan que tendrá un papel especial para descartar propuestas plagiadas.
La propuesta es aceptar a cualquier aspirante y aplicar filtros: que acrediten que no tienen impedimentos jurídicos, que cumplen con los requisitos legales; deberán presentar una propuesta de gobierno de coalición, que revisará Sheridan.
Después, aplicarán un protocolo de idoneidad, basándose en el proceso que usa la ONU y la OEA para nombrar funcionarios de alto perfil “son instrumentos técnicos que hacen una revisión de trayectoria y antecedentes, se les va asignando un puntaje y al final hay una evaluación de quién es más o menos idóneo, eso ayudará a que a los foros lleguen los más idóneos”.
Los que cumplan con estos requisitos recorrerán todo el país no en mítines sino en debates para contrastar ideas, pero que llevarán otro nombre que tampoco los meta en problemas legales.
“Los debates no se llamarán debates por los términos jurídicos, sino serán foros donde los aspirantes puedan presentar y reflexionar sobre sus propuestas. A diferencia de lo que está pasando en Morena que están haciendo lo prohibido, aquí sería un proceso ciudadano en foros que permita conocer las propuestas y no sólo los rostros o las fintas o frases rápidas.
“Y después planteamos una boleta que no se llamará boleta de elección sino de selección de aspirantes, donde toda la ciudadanía podrá participar y aplicaremos la segunda vuelta, si ninguno obtiene más del 50 por ciento, se hace una segunda vuelta con los dos mejores posicionados y el que quede será la persona que la sociedad civil entregaría a los partidos políticos para que lo incorporen en precampañas que se harán en términos de la ley”.
Para esta consulta ciudadana que financiará la misma sociedad civil, convocarán a miles de personas jubiladas del Servicio Profesional Electoral para determinar los lugares estratégicos para colocar las mesas de votación, y se creará una aplicación para pedir la participación de la ciudadanía en cualquier punto del país.
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