En una sentencia histórica, el Tribunal Electoral ordenó que la paridad llegue a la Presidencia de la República en el 2030. Por lo que el Congreso de la Unión tiene la obligación de legislarlo en esta misma legislatura y de no hacerlo, será el Instituto Nacional Electoral el que emita los lineamientos que obliguen a los partidos a tener candidaturas paritarias también en este cargo.
Con esta sentencia y aunque estaría pendiente la forma en que el Congreso de la Unión acuerde regular la paridad en el máximo cargo del país, para la contienda presidencial del 2030, Movimiento Ciudadano podría ser el único partido obligado a postular a una mujer porque en la elección en curso, es el único que llevará a un hombre a la boleta presidencial.
En magistrado Felipe Fuentes se quedó en solitario con su proyecto que consideraba que era inexistente la omisión del Congreso y del INE de garantizar la paridad en el proceso electoral federal 2023-2024 para renovar la Presidencia de la República porque sostenía, no existe en la Constitución una obligación expresa de aplicar la paridad ni la alternancia de género en el Ejecutivo Federal.
“Al no existir norma constitucional, convencional o legal que establezca la obligación expresa de regular lo atinente a la paridad de género para la elección presidencial, ni las reglas bajo las cuales debe desarrollarse tal cuestión, para la ponencia resulta evidente que el INE tampoco está facultado para emitir reglamentos o lineamientos conducentes”, indicaba el proyecto.
Sin embargo, el resto de sus pares se unieron para rechazar esta propuesta pues consideraron que por el contrario, la Constitución no excluye a la Presidencia de la República de la reforma de paridad en todo, tanto horizontal como vertical.
La magistrada Janine Otálora señaló que es un derecho humano de las mujeres ser votadas en todos los cargos y esto incluye, el máximo posible en el país que es la Presidencia de la República, por lo que considerar lo contrario, sería ir en contra de la Constitución y los derechos básicos de las mujeres y rechazó que el proyecto señalara que en el Ejecutivo Federal, la paridad se cumpla con incluir a mujeres de forma equitativa en el gabinete presidencial.
“Tampoco acompaño que se afirme que la paridad en el Poder Ejecutivo Federal se garantiza con la integración del gabinete de Estado, ya que esto, en mi opinión, nos lleva a confundir la titularidad de un Poder con la forma en que este organiza el despacho de los asuntos.
“Es decir, por una parte, está la Presidencia de la República y por otra, el gabinete, que es la manera en que este organiza el desempeño de sus funciones. No es lo mismo ser electo o electa por la ciudadanía, a través del voto del sufragio universal, que ser designada por un mando superior. Una cosa no excluya la otra”.
Por lo que consideró que sí es obligación del Poder Legislativo regular la paridad también en la Presidencia y de ser omiso, como lo hizo en el caso de las gubernaturas, entonces será el INE el que deberá emitir lineamientos que garanticen que los partidos asuman su responsabilidad de incluir a las mujeres en la competencia para el Ejecutivo Federal en la próxima elección de 2030.
“Obviamente, esto tendrá que hacerlo en un muy breve plazo, partiendo, justamente, de que el género de las candidaturas del presente proceso electoral marcará la pauta para los siguientes procesos. Y en el caso de que el Congreso mantenga la omisión de emitir la legislación atinente, corresponde entonces al INE implementar las acciones, reglas y mecanismos pertinentes.
“Lo anterior con absoluta independencia de que en este proceso electoral federal el contexto específico y político apunta a que participarán como candidatas dos mujeres postuladas por seis de los siete partidos políticos nacionales, pero que sin por ello pueda seguirse, y de esto también me separo del proyecto, de que el establecimiento de reglas claras que garanticen el principio de paridad para este cargo sean innecesarias o que la igualdad entre hombres y mujeres sea un tema ya superado en la sociedad mexicana”.
A lo que se sumó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien citó a la ex jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader quien señaló que “las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”, por lo que consideró que “todos los lugares donde se toman decisiones, incluye la Presidencia de la República” en el caso de México.
“Las autoridades electorales mexicanas tienen la obligación de implementar medidas orientadas a garantizar el acceso a la función pública de todas las mujeres, en las mismas condiciones de igualdad que los hombres y sin discriminación. Esa discriminación que hay que derribar, puede ser una discriminación material o formal; es decir, la discriminación estructural”.
Reyes además, consideró que determinar lo contrario, sería ir en contra de las propias sentencias de esta Sala Superior en las que ya se ha establecido que ante omisiones legislativas en temas de paridad, se le ordena al Congreso subsanarlo y de ser omiso, se faculta al INE a garantizar la inclusión paritaria de las mujeres en todos los espacios.
En manos del Congreso, ruta para la paridad: alternancia por partido o contienda exclusiva de mujeres
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña detalló que quedará en manos del Congreso determinar la forma en que se regule la paridad y cómo se partirá en el 2030, para que los partidos políticos tomen de referencia sus candidaturas del 2024 o incluso se ordene una contienda exclusiva entre mujeres, lo que estará en manos de las y los legisladores.
“Ahora le corresponderá al Congreso de la Unión justamente regular este tipo de temática, el ejercicio de la paridad en la Presidencia de la República, y pues tendrá una libertad de configuración normativa por supuesto, y tendrá que analizarse la viabilidad constitucional de la legislación correspondiente.
“Hay muchas posibilidades, no nada más la paridad alternativa. Existen posibilidades, tanto paridad alternativa a nivel de candidatura total, pero también a nivel partidista, a nivel de la candidatura del partido; o, se puede, justamente, a través de porcentajes. Tendrá, en su caso, que el Congreso llegar libremente a la solución que mejor, digamos, llene el principio constitucional. Ahora, si no lo hace, el INE, después, por supuesto, estamos hablando para futuras elecciones”.
Presidenta del TEPJF pedía garantizar paridad desde 2024, antes de registro de candidaturas presidenciales en febrero
Con la visión feminista que la caracteriza, la magistrada Mónica Soto propuso en la Sala Superior que preside agilizar la paridad en la Presidencia de la República y obligar a regularlo de manera exprés, antes de que en tres semanas, los partidos políticos registren ante el INE a sus candidaturas presidenciales.
Sin embargo, la Constitución prohíbe hacer cambios legales de tal magnitud en pleno proceso electoral y los limita a que se realicen 90 días antes de que inicie el proceso electoral, por lo que su propuesta no fue respaldada.
Soto proponía que debido a que “nunca en la historia de nuestro país hemos tenido una mujer en la titularidad del Poder Ejecutivo”, la urgencia por tomar medidas afirmativas y efectivas para las mujeres era urgente en el proceso electoral en curso.
“Si se tiene en cuenta de que el registro de candidaturas a la Presidencia de la República tendrá verificativo en la tercera semana de febrero, por lo que existe el tiempo suficiente para su implementación, habida cuenta de que este Tribunal Electoral ha sostenido el criterio de que la implementación de medidas afirmativas puede realizarse antes del registro de las candidaturas correspondientes.
“Los derechos de las mujeres deben garantizarse de forma inmediata, tomando medidas rápidas y efectivas para su acceso a las candidaturas a este alto cargo. Y por eso insisto que es en este proceso electoral cuando se debe obligar a los partidos y coaliciones que se garantice la paridad o de lo contrario estaríamos retrasando seis años más el posible acceso de las mujeres a la presidencia de la República”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteó que lo correcto sería ordenar que esta legislación cumpla antes de que concluya en agosto próximo y de no hacerlo, entonces permitir al INE elaborar los lineamientos para el 2030, en lo que coincidió la magistrada Janine Otálora y Felipe de la Mata como lo expresaron desde su intervención.
El engrose de la sentencia quedó a cargo de la magistrada Otálora por lo que basándose en su intervención, fijará la orden que deberá acatar el Congreso de la Unión que si cae en omisión pasará a ser responsabilidad del INE para garantizar una postulación paritario en el caso de los partidos y coaliciones en la contienda presidencial del 2030.
ROA