El colectivo Pena sin Culpa rechazó que el acatamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de eliminar la prisión preventiva oficiosa implique una liberación masiva de personas, como lo aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).
Además, el colectivo lamentó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se trataría de liberaciones de personas vinculadas al crimen organizado.
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En un comunicado, la organización explicó que tras la sentencia de la Corte IDH y la notificación al Estado Mexicano en abril de 2023, la cancillería remitió a las instancias federales y locales necesarias dicha sentencia, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que actuara en dicho sentido.
“Así, se inició un procedimiento denominado de “Recepción de Sentencia Internacional” en la SCJN y se le turno al ministro Pardo Rebolledo el estudio de la sentencia del caso García Rodríguez y otro Vs México. La ponencia del Ministro circulo públicamente un proyecto de resolución en la que se da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana y se propone que todos los jueces deberán de 'razonar y justificar' la medida de prisión preventiva en cada caso en particular”, explicó la agrupación.
Esto implica que la prisión preventiva no sería oficiosa o automática, sino resultado de un proceso razonado, proporcional y justificado acotado a cada caso, y no una liberación o exoneración masiva, según el comunicado.
“La secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde) falta a la verdad, pues el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana no implica la liberación automática de personas, ni le quita herramientas al Estado en materia de seguridad, ni genera un riesgo para el sistema de justicia”, detalla el colectivo, quien además aprovechó para externar su preocupación porque el mismo gobierno mexicano admitió que hay 68 mil personas detenidas sin una sentencia condenatoria.
Finalmente, la organización establece que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitiva e inapelable, por lo que México debe cumplirla, sin que esto implique que ceda su soberanía, pues hace más de 30 años México aceptó acatar las resoluciones de la corte.
“Es cierto que debería de ser el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los que cumplan la sentencia, pero también es cierto que el Poder Judicial tiene una obligación que debe de acatar, justo como lo propone el proyecto del ministro Pardo Rebolledo”, concluyó el colectivo.
IOG