Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional interino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó la necesidad de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para combatir a las empresas fantasmas y la corrupción en el sector público vinculado a esta actividad.
Su propuesta busca que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, federación, Ciudad de México, estados, municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios.
Ello, tras denunciar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el principal cliente de la facturación falsa era el sector público y en él estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y dependencias del gobierno.
“El principal cliente de la facturación falsa era el sector público, pues operaban con un esquema de múltiples servicios que servían de fachada para la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y facturas falsas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y muchas dependencias del sector público”.
El dirigente morenista y diputado federal con licencia, aclaró que los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, quedarían excluidos de dicha obligación. Junto con la regulación ya existente, esta propuesta contribuiría a eliminar los incentivos para la compra y venta de facturas falsas sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes.
Señaló, según con datos del SAT, que alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 200 empresas publicadas en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Estos recursos podrían entrar a las arcas del estado y contribuir al financiamiento de programas sociales.
Lo anterior, ha sido un tema pendiente durante un largo tiempo, pero en este momento cobra relevancia debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país. Se han realizado avances para combatir a las llamadas “empresas factureras”.
Por ejemplo, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece que se publicará una relación en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del SAT, de los contribuyentes que emitan comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Ramírez Cuéllar señaló que gracias a las acciones promovidas por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, este año entró en vigor el Decreto que tipifica a la defraudación fiscal y a la compra y venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada cuando el monto sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos. Se observan y reconocen los avances para combatir este delito; no obstante, en necesario continuar implementando acciones que en conjunto desalienten la existencia de las “empresas factureras”.
jlmr