La Comisión de Estudios Legislativos aprobó con cinco votos a favor de Morena, y dos abstenciones del PAN, el dictamen para combatir las empresas fantasmas.
Dicho documento fue avalado previamente por las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y la de Justicia; por lo que este jueves se definirá en la Mesa Directiva si se discute en el pleno.
La semana pasada, durante la Reunión Plenaria de Morena, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera manifestó a los senadores la necesidad de aprobar lo antes posible este dictamen.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
El dictamen avalado establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las empresas fantasmas y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito de contrabando y su equiparable.
El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Sin embargo, la presidenta de la comisión, Mayuli Latifa Martínez cuestionó la propuesta, argumentando que cualquier contribuyente podría ir a la cárcel por tener una factura falsa sin haberse dado cuenta de que así se la expidieron.
“Tenemos que buscar la mayor de las garantías para los contribuyentes, es decir, sí queremos que desaparezcan las empresas fantasmas, sí queremos que sean perseguidas y castigadas conforme a derecho o a la ley, pero no como se está haciendo, porque todos los contribuyentes pueden correr el riesgo de caer en una de estas evasiones fiscales que podrán ser muy mínimas, pero con ello, ya estaría poniéndose en riesgo la nación, que es lo que se propone en el dictamen, y no, necesariamente sea así”.
Consideró que el contribuyente en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta de qué tipo de factura se le está expidiendo, “y sólo por el simple hecho de haberla (presentado), de tenerla, te van a aplicar la prisión preventiva, te meten a la cárcel y te empiezan a investigar. Y después del tiempo que determinen, seguramente podrás salir libre, porque se darán cuenta de que tú no la adquiriste con ese propósito”.
Sin embargo, para el senador de Morena, Cristóbal Arias, precisó que estas reformas van directo a la delincuencia organizada y no contra el contribuyente.
De acuerdo a la propuesta se buscan aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.
La oposición buscará que el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda asista a una reunión de trabajo para dialogar y buscar la revisión de las reservas y se puedan llevar al pleno.
AE