Como parte de una serie de reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato este martes se presentó una iniciativa con la que se pretende que la extorsión sea catalogada como un delito contra la libertad y seguridad de las personas, lo cual incrementa su pena.
Ello luego de que se diera a conocer que en la entidad el número de extorsiones se había incrementado, tanto aquellas que se llevan a cabo directamente por grupos delincuenciales como las que se realizan de manera virtual desde los penales del estado.
Y es que en el Congreso del Estado de Guanajuato se tiene contemplado realizar una revisión al Código Penal, a fin de realizar una reforma integral a este ordenamiento según dio a conocer la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Cristina Márquez Alcalá.
“Es un tema que para nosotros es muy importante, estamos haciendo una planeación para poder formular una propuesta de manera adecuada, puesto que hay que hacer una revisión integral al Código Penal, lo que amerita un buen proceso de planeación y estudio para elaborar la mejor iniciativa”, señaló.
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Luego de celebrarse la Comisión de Justicia se radicaron dos iniciativas de reformas al Código Penal del Estado, que presentaron las y los diputados del PAN, la primera que busca incrementar las sanciones contra la extorsión y una más que propone incrementar la pena hasta un tercio en el caso de feminicidio donde la víctima sea niña o adolescente.
La legisladora de Acción Nacional mencionó que este código ha pasado por diversos procesos de modificación, y recordó que la última reforma a fondo que se llevó a cabo fue hace 11 años aproximadamente, cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal.
“El planteamiento general es realizar una reforma integral de todo el ordenamiento, una vez que tengamos el diagnóstico completo podríamos decirles si es una abrogación del actual código para expedir uno nuevo o si vamos a hacer reformas”, abundó.
Márquez Alcalá destacó la importancia de este ordenamiento, ya que es el que establece el tipo de los delitos o conductas que puede ser castigada al dañar un bien jurídico tutelado, como puede ser la vida de una persona, la salud, la propiedad o el patrimonio de una familia, entre otros.
En estos trabajos participaron los legisladores de Acción Nacional Susana Bermúdez Cano y Bricio Balderas Álvarez.