Aunque Hidalgo se encuentra en el sexto sitio de los 12 estados más pacíficos del país de acuerdo con el Índice de Paz México 2020, funcionarios municipales han sido amenazados por el ejercicio de su labor, amagados con la operación de cárteles de la droga e intimidados por los grupos dedicados al robo de combustible.
En noviembre del 2018 Miguel Ángel Sánchez Lugo fue nombrado comisario de Seguridad Pública de Tizayuca, municipio colindante en cinco comunidades con el Estado de México.
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Para brindar seguridad en el municipio y la colindancia de Hidalgo se coordina con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional (GN).
Desde su nombramiento a la fecha ha puesto a disposición del juez conciliador a cerca de mil 200 personas, a más 100 ante el Ministerio Público del fuero común y alrededor de 40 personas ante el Ministerio Público del fuero federal por actos constitutivos de delitos, entre ellos presuntos delincuentes tanto del Estado de México como de la Ciudad de México.
“Hemos agarrado varios pesados armados de Zumpango y de Tepito, hemos recuperado casi 80 vehículos con reporte de robo del Estado de México, la gente lo va a evaluar pero creo que hemos hecho un buen trabajo”, dice Miguel Ángel Sánchez.
Sin embargo, entre febrero y marzo de 2019 el comisario de seguridad recibió dos llamadas telefónicas en las que fue amenazado. Al instante de escuchar las amenazas de voces desconocidas cortó ambas llamadas sin identificar quien se encontraba al otro lado del teléfono
“Me han dicho: bájale a tu desmadre porque te va a llevar la chingada, no aprietes tanto; pero no les doy oportunidad a más, les cuelgo inmediatamente, no he hecho caso, a lo mejor ni es la maña, a lo mejor es alguna persona inconforme”, cuenta.
Sánchez Lugo reconoce que corre peligro al desempeñar sus funciones de seguridad y lleva consigo dos escoltas de la policía municipal desde que tomó posesión en el cargo, sin embargo asegura que no se siente preocupado por las amenazas.
“Bendito sea Dios hasta ahorita todo bien, no me preocupa porque uno trabaja limpio”, dice. Tras las amenazas no inició ninguna denuncia ni reforzó su seguridad.
Amaga el CJNG con operar en Atotonilco de Tula
En tanto, el presidente municipal de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, reveló que en 2018 su ex comandante de Seguridad Pública, Javier Cortés Rodríguez, lo alertó sobre la intención de gente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de operar en el municipio.
“Me comentó el comandante que habían hecho presencia en la cabecera municipal, que les diéramos chance de trabajar, pero de ahí para acá nada hemos escuchado, todo está tranquilo”, dice.
De acuerdo con el presidente municipal solo hubo presencia de camionetas sospechosas en el jardín municipal.
“No sabemos si eran camionetas del mismo cártel, hubo incertidumbre en ese momento, pero después de eso no hubo nada”, cuenta.
Para su labor Raúl López utiliza dos escoltas de la policía municipal y dice que durante su administración se han colocado 20 cámaras de seguridad en todo el municipio.
Aunque Atotonilco de Tula es el segundo municipio con más tomas clandestinas de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) López Ramírez asegura que no ha sido amenazado por grupos dedicados al robo de combustible e incluso acusa que los mismos huachicoleros están coludidos con el Ejército.
Huachicoleros intimidan a la presidenta municipal de Cuautepec
El pasado 18 de junio, en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que Hidalgo ocupaba el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas y recuperación de combustible.
Ahí dio a conocer los 21 municipios del estado con más tomas clandestinas. Los tres primeros lugares los ocupan Cuautepec de Hinojosa, Atotonilco de Tula y Tula de Allende con 869, 543 y 441 tomas clandestinas respectivamente entre 2019 y junio del 2020.
La presidenta municipal de Cuautepec de Hinojosa, Haydeé García Acosta, asegura que no ha recibido amenazas por parte de grupos dedicados al huachicol al ser un municipio con la más alta incidencia en el robo de combustible en Hidalgo.
“Yo me he cuidado, yo no contesto un teléfono que no conozco, yo no le permito la entrada a cualquiera, he evitado cualquier situación que me ponga en una condición de vulnerabilidad, no tengo trato con esa gente”, dice.
Sin embargo, reconoce que en dos ocasiones se ha sentido amenazada en los recorridos que ha hecho dentro del municipio por gente que sabe que se dedica al huachicol.
“En el recorrido del arranque de una obra, empezaron los tipos estos a pasar, a pasar, a pasar y te des cuenta porque es muy notorio la forma en la que se mueven y en la que lo hacen, en dos o tres obras me ha pasado esa situación”, cuenta.
Revela que los grupos dedicados al robo de combustible no le permitieron hacer una obra pues se quedaban sin paso, amenazaron al contratista y no permitieron que se hiciera.
“No me lo hicieron a mí pero sí impidieron el trabajo que yo vengo haciendo; en una ocasión igual increparon a un delegado, el pleito no fue conmigo sin embargo con él se empezaron a hacer de palabras, fue en la entrega de una calle, había una Suburban parada y no nos hizo nada gracias a Dios”, cuenta la presidenta municipal.
Precisa que las dos situaciones fueron en las comunidades de Amoloya y Texcaltepec, zonas identificadas por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y donde hay incidencia de robo de combustible.
Tras ambas situaciones García Acosta descarta haber contratado escoltas y en ocasiones la acompañan policías municipales en algunos de sus recorridos.
“No veo por qué andar con miedo en el municipio que conozco de cabo a rabo”, añade la presidenta municipal.
110 escoltas cuidan a funcionarios estatales
Pese a que los funcionarios municipales fueron amenazados e intimidados, ninguno solicitó escoltas para su protección.
MILENIO solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) el número de escoltas que se tienen para seguridad, a qué funcionarios del gobierno están adscritos y cuál es su percepción salarial.
La Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad respondió que esa información es reservada con fundamento en el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública argumentado que se vulnera la seguridad de los funcionarios que tienen escoltas asignados para su protección.
Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2020, en el estado hay 110 escoltas que perciben un salario del erario público.
El documento precisa que únicamente podrán contar con escoltas con cargo al erario público el gobernador del estado y los servidores públicos con alta responsabilidad en seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
El Analítico de plazas de cuerpos de seguridad, en el Anexo 39 del Presupuesto, precisa que hay dos escoltas B de un nivel 8B1, 103 escoltas del nivel 09D y cinco escoltas A del nivel 10A, aunque no se precisa su salario. Los 110 escoltas son de la categoría de Seguridad Pública.
Este año los diputados locales asignaron al rubro de seguridad pública del estado un presupuesto de dos mil 408 millones 344 mil 296 pesos con lo se tuvo un incremento de 30 millones 244 mil 307 pesos con respecto del año pasado pues en 2019 se le asignaron dos mil 378 millones 55 mil 693 pesos.
Pasado y presente criminal
El secretario de Seguridad Pública estatal, Mauricio Delmar Saavedra, asegura que en Hidalgo no hay presencia de cárteles de la droga en la actual administración estatal, la cual inició en septiembre del 2016.
Sin embargo, en administraciones anteriores se reconoció la presencia del grupo criminal de Los Zetas por el ex secretario de Seguridad Pública, Damián Canales Mena en los dos gobiernos pasados.
En junio del 2009, 34 policías municipales de Pachuca así como siete policías ministeriales fueron detenidos por estar presuntamente ligados al crimen organizado.
Además, entre el 2011 y el 2012 la Coordinación Estatal de Seguridad Pública, ubicada en la calle de Gómez Pérez, en la ciudad de Pachuca, fue cerrada por las noches con dos patrullas como medida de seguridad para evitar cualquier tipo de represalia por grupos delictivos.
Aunque las actuales autoridades estatales descartan la presencia de grupos de la delincuencia organizada, en 2017 en Tizayuca, en la colindancia con el Estado de México, registraron un par de multihomicidios.
En julio del 2017, 11 personas fueron asesinadas en Tizayuca, siete mujeres y cuatro hombres, entre ellas dos menores de edad; cuatro meses después, en noviembre de ese año, cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron encontrados sin vida en el barrio de Nacozari.
El procurador de ese entonces, Javier Ramiro Lara Salinas, aseguró que el caso de las 11 personas se trató de un ajuste de cuentas. El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, midió con la misma vara el segundo caso.