Tras cinco años de retraso en su creación, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), opera con personal insuficiente, no tiene un presupuesto asignado ni áreas propias pues se puso en funcionamiento en el Instituto de Formación Profesional en dos salas de escena del crimen.
Su carga de trabajo es de mil 198 carpetas de investigación y 230 averiguaciones previas, que van de 2010 a julio de 2022, repartidas entre 300 y 200 para cada uno de sus cuatro Ministerios Públicos y auxiliares.
Publicada el 26 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ordenó a las Procuradurías de los estados a crear sus Fiscalías Especiales contra la Tortura.
El artículo 55 de la Ley establece que las instituciones de procuración de justicia deberán crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en la Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación.
Cinco años después, el 31 de marzo de 2022, con 24 votos a favor los diputados locales de la LXV legislatura aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con la que se creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
El Decreto de la reforma entró en vigor el pasado 13 de abril tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y el 15 de junio, el procurador General de Justicia de la entidad, Alejandro Habib Nicolás, nombró a Edgar Salcedo Ortega como fiscal Especial para la Investigación de Delitos de Tortura.
-La Fiscalía se creó años después de que lo ordenara la Ley General-, se le dice al fiscal en entrevista con MILENIO.
-Sí, lamentablemente fuimos el penúltimo estado, solamente queda Sonora a nivel federal como estado único que no cuenta con una Fiscalía Especial.
La reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción deberá contar con una fiscal Especial para la Investigación de Delitos de Tortura que será competente para investigar los delitos previstos en la Ley General. El Poder Legislativo deberá asignar una partida presupuestal para la operación y funcionamiento de la Fiscalía en el Presupuesto de Egresos 2023.
Además de su titular, la Fiscalía cuenta con cuatro Ministerios Públicos, cuatro Ministerios Públicos auxiliares, una perito médico, un perito psicólogo, una jefa de grupo de investigación, cuatro agentes de investigación y un notificador.
-¿Es suficiente el personal?-, se le pregunta al fiscal.
-No, son insuficientes.
-¿Por qué?
-En función de la carga de trabajo, estamos hablando ahorita que cada Ministerio Público tiene alrededor de 300 carpetas de investigación y averiguaciones previas. En la mesa uno hay 317, en la mesa dos 301, en la mesa tres 281 y en la mesa cuatro 294, esto quiere decir que humanamente no les es posible poder revisar y elaborar las solicitudes de actos de investigación que se requieren para su debida integración.
-¿Ya han tenido la oportunidad re revisar las mil 198 carpetas de investigación y 230 averiguaciones previas?
-Sí por supuesto, a partir del momento en que me nombraron fiscal mi compromiso fue pedir 15 días para poder elaborar un diagnóstico y a través de él determinar cuál es la situación jurídica clara de cada una de las carpetas.
-¿Qué arrojó el diagnóstico?
-Lo más delicado es precisamente la inactividad como institución para haber desahogado precisamente la investigación para tener una conclusión, el tema es que ante la falta de peritos como institución evidentemente se quedó prácticamente en inactividad.
-En esta revisión de cada una de las carpetas y averiguaciones previas, ¿qué autoridades están siendo señaladas de tortura?
-Policías municipales, policías estatales y policías de investigación y custodios de los Ceresos, son los más recurrentes.
-¿Y quiénes son las víctimas?
-Le puedo señalar de manera muy particular que son secuestradores, integrantes de delincuencia organizada y autores de delitos graves en materia de narcotráfico quienes manifiestan que fueron víctimas de tortura.
-¿Antes de la Fiscalía cuantas sentencias se han dictado por tortura?
-Históricamente en la Procuraduría seremos los primeros en la Fiscalía que vamos a vincular a proceso a probable responsables, anteriormente nadie fue consignado o vinculado a proceso por tortura.