Entre los últimos ocho meses del gobierno de Omar Fayad Meneses y los primeros cuatro de la nueva administración estatal de Julio Menchaca Salazar, las carpetas de investigación por el delito de extorsión iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se incrementaron a más del doble durante 2022 en comparación con 2021.
En 2021 se iniciaron en la Procuraduría 108 carpetas, sin embargo, en 2022 aumentaron a 232. Tan solo en enero de 2023 suman 37 cuando en el mismo mes de 2022 se tenían solo 14.
En enero de 2022 se registraron en la Procuraduría 14 carpetas de investigación, en febrero incrementaron a 21, en marzo la cifra se mantuvo en 21, en abril subieron a 28, en mayo fueron 25, en junio bajaron a 21, en julio disminuyeron a 15 y en agosto se elevaron a 20, estos son los últimos ocho meses del gobierno de Omar Fayad.
Ya con el inicio del nuevo gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca y con Santiago Nieto Castillo como encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, en septiembre de 2022 se iniciaron 27 carpetas, siete más que en agosto, en octubre disminuyeron a 12, en noviembre se elevaron a 17 y diciembre cerró con 11.
MILENIO solicitó a la Procuraduría el desglose de las carpetas de investigación por integración, judicializadas y personas procesadas por extorsión, sin embargo, la Fiscalía únicamente informó el número de carpetas iniciadas durante el 2022.
Reforma en la congeladora
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, el delito que más se denuncia al número telefónico 089 del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) es la extorsión telefónica.
Pese ello, en el Congreso del estado, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, que preside el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Magaña Soto, suma siete meses sin dictaminar la iniciativa de reforma al Código Penal, desde julio de 2022, la cual busca incrementar las penas para quien cometa el delito de extorsión hasta 12 años de prisión y 16 años para quienes lo cometan vía telefónica.
Actualmente el Código Penal establece que el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 25 a 250 días.
El encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto, señaló que la extorsión es una amenaza para la población y reconoció el aumento de carpetas de investigación durante el 2022.
“El cruce de datos nos dice que el 80 por ciento de las llamadas de extorsión a nivel nacional provienen de centros penitenciarios, por tanto el control que se realice sobre estos centros será importante para poder ir reduciendo esta modalidad”, sostuvo.
Las personas privadas de su libertad de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Pachuca, Tula, Tulancingo, Actopan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tenango de Doria y Apan burlaron la seguridad de los penales al encontrárseles mariguana, droga sintética, armas blancas y teléfonos celulares.
Esto tras las inspecciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) entre septiembre y diciembre de 2022 en nueve de los 12 Ceresos de la entidad. En total se aseguraron 75 teléfonos celulares, dos teléfonos fijos inalámbricos y 29 tarjetas de teléfono.
La manera de operar de los extorsionadores
Nieto Castillo explicó que el modus operandi para la extorsión es el siguiente: se aperturan cuentas bancarias y se utilizan tarjetas de débito y prepago de telefonía celular para el cobro de extorsiones telefónicas.
“Generalmente son personas físicas las que hacen este tipo de depósitos en las cuentas de los extorsionadores, las cantidades son pequeñas pero se van multiplicando con el paso del tiempo y evidentemente el retiro es prácticamente inmediato”, dijo.
Enfatizó que el caso más conocido tiene que ver con el derecho de piso, “característico de la delincuencia organizada, donde se amenaza a una víctima con ocasionar daño a su persona, familiares o propiedad si no se hace un pago para evitarlo, es muy fácil caer en este tipo de estafas”.
Santiago Nieto precisó que en el estado se tiene extorsión a comercios, por publicación de contenido íntimo, la obtención de datos e información confidencial a través de engaños en donde se extorsiona a los propietarios así como la usurpación de identidad de personas e incluso instituciones públicas.