Los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el tráfico y el desvío de armas han sido insuficientes, criticó el canciller Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad, por lo que instó a sus integrantes y al sectores privados a propiciar la autorregulación de la industria.
“Muchos son los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas, así como sus terribles consecuencias; sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes”.
El canciller hizo un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo de manera contundente.
“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo en sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales”.
En su calidad de presidente del Consejo de Seguridad, Ebrard insistió que el tráfico ilícito y el desvío de armas, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, son una amenaza a la paz y la seguridad.
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Rusia, Siria, Irán e Indonesia se opusieron al debate al considerar que el tráfico ilegal de armas debe discutirse desde la Asamblea General.
“No se trata de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar aquellas prácticas negligentes”, dijo el canciller.
Acción legal, “irrazonable”
En respuesta a la demanda del gobierno mexicano, las 11 armerías estadunidenses presentaron ayer un escrito en bloque con una extensión de 58 páginas, donde solicitaron al juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, que desestime los cargos en su contra.
La fabricante de armas Smith & Wesson Brands pidió desestimar los argumentos alegando que la jurisdicción en Massachusetts no les aplica por tener una licencia federal, además de sostener que no se ha podido establecer un vínculo de responsabilidad claro en el caso.
“La supuesta relación entre los contactos de Sturm, Ruger & Company, Inc. (Ruger) con Massachusetts y las causas de acción del gobierno mexicano contra Ruger son demasiado atenuadas e indirectas para someter a Ruger a una jurisdicción específica”, explicó la defensa.
En el texto de réplica, la fabricante de armas insistió que los alegatos de México también demuestran que el ejercicio de la jurisdicción sobre Ruger en este caso es “irrazonable”.
En la repuesta en bloque, las armerías sugirieron que en lugar de tomar las medidas necesarias como mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la policía y al Ejército, México, en cambio, ha tratado de exhibir a los fabricantes de armas.
Entre los argumentos se encuentra que no hay duda de que los fabricantes de productos peligrosos saben que los usuarios finales pueden emplearlas para dañar a otros; sin embargo, en el caso de México las lesiones son derivadas de terceros, refiriéndose a los cárteles de la droga.
Aseguraron que la ley no puede ser estirada para imponer responsabilidad sobre este abismo llamado tráfico de armas.