En riesgo, mecanismo de protección a periodistas

Pese a su promesa de dotarlo de fondos y fortalecerlo, la falta de recursos asignados al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pone en riesgo a más de 700 comunicadores desplazados que se encuentran en riesgo y que buscan en este instrumento una salida para no morir.

Por ello integrantes del Consejo consultivo del mecanismo exigieron esta semana a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión y a la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador garantizar más recursos para que ese aparato continúe funcionando.

México es considerado desde hace varios años el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto —a punto de culminar su gestión— han sido mortales para quienes se dedican a ejercerlo, sostienen organizaciones especialistas en libertad de expresión: asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados han sido la constante.

En su informe sobre la misión a México a finales de 2017, los relatores especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que el panorama de la situación de los comunicadores en México es “catastrófica: desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato.”

En tanto, la organización Artículo 19 ha documentado que 42 periodistas hombres y tres mujeres fueron asesinadas durante la actual administración de Peña Nieto; en tanto que las privaciones de libertad aumentaron también durante este sexenio en comparación con el de Calderón Hinojosa.

Los registros de Artículo 19 señalan que el promedio anual pasó de 17 casos en los últimos cuatro años del sexenio de Felipe Calderón a 44 en el sexenio de Peña Nieto; mientras que las y los periodistas desplazados de manera forzada debido a las agresiones fueron en total 20.

Desde 2003, sostiene la organización, 24 periodistas permanecen desaparecidos en México: cuatro en el sexenio de Enrique Peña Nieto (desde 2013).

El instrumento surgió en 2012, cuando se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de esta emanaba la creación de un mecanismo para amparar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual ha brindado protección desde que entró en vigor a aproximadamente 310 integrantes del gremio, de un total de 370 que la solicitaron, sostiene la organización Artículo 19.

UN APARATO REBASADO

El actual contexto del país ha provocado que este instrumento de protección esté rebasado. Ello aunado a la falta de recursos económicos, que ha sido una constante, colocan en riesgo a periodistas y personas defensoras que se encuentran dentro de él, pero también a quienes lo soliciten, ya que los fondos únicamente alcanzan para diciembre de este año. A partir de enero del siguiente año, su continuidad es incierta.

De acuerdo con las personas que integran el Consejo consultivo, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 126 millones de pesos, pero esta dependencia solo dará al fideicomiso del mecanismo, 75 millones de pesos para cubrir los gastos durante los meses restantes de la administración actual, es decir, octubre, noviembre y diciembre; sin embargo, desconocen lo que pasará a partir de enero del siguiente año.

Las y los defensores recordaron que el 17 de mayo de 2017, Peña Nieto se comprometió ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), embajadas y organismos internacionales a fortalecer el mecanismo con recursos financieros y una estructura adecuada; sin embargo hoy por hoy, el personal es insuficiente y está rebasado.

Un análisis de la organización civil experta en presupuesto y transparencia, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, publicado en junio de 2017 explica que el mecanismo está adscrito a la Segob a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, misma que ejerce los recursos del programa presupuestario y que coordina el fideicomiso que administra los recursos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este fideicomiso se creó en octubre de 2012, con el objetivo de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y destinar recursos económicos para la implementación y operación de medidas de prevención y protección.

De este informe se desprende que el presupuesto asignado al programa presupuestario que atiende los crímenes contra periodistas ronda los 150 millones de pesos y de 2013 a 2015 se han dado subejercicios en el gasto.

De acuerdo con este análisis, durante 2016 y 2017 no se asignaron recursos al mecanismo, en tanto que la violencia contra el gremio y contra defensoras de derechos humanos continúa al alza.

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