Con 19 votos a favor y cinco abstenciones los diputados locales aprobaron el acuerdo con el cual el Congreso del estado de Hidalgo formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión para que el acceso a la energía eléctrica sea un derecho humano.
La reforma al artículo cuarto Constitucional plantea que toda persona tiene derecho al acceso a la energía eléctrica de fuentes limpias a fin de que pueda gozar plenamente de todos los derechos establecidos en la Constitución y que el Estado establecerá las bases y modalidades para garantizar el acceso al suministro de energía eléctrica de forma democrática, asequible, continua, confiable, segura, y en condiciones de competencia efectiva, es acorde a la visión y sentido de la Constitución Federal y del marco de protección de derechos humanos que se reconocen.
“La energía eléctrica es un servicio básico de primera necesidad para el ser humano y en armonía con los principios de los derechos humanos, tiene carácter esencial y básico en el ámbito doméstico además de transversal en el desarrollo económico de cualquier sociedad”, sostuvo desde el Pleno el diputado Roberto Rico Ruiz.
Puntualizó que la idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano, básico e instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, ya que se trata, dijo, de unos derechos irrenunciables para el desarrollo de una vida digna.
Mencionó que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que la nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes además la transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo así como para alentar la reindustrialización del país.
“El acceso a la electricidad no puede considerarse sólo como una obligación del gobierno, sino que se requiere dotar de elementos e instrumentos que permitan el pleno ejercicio de los mismos como un derecho humano, económico y social, que debe ser garantizado por el Estado para todas las personas”, aseveró.
Subrayó que es prioridad del gobierno de México adoptar la responsabilidad de promover el desarrollo de un marco jurídico Constitucional que permita a los mexicanos acceder a derechos y obtener beneficios que no sólo se vean reflejados en su economía sino que se garantice el desempeño de todas las actividades personales, sociales y productivas, a través de acciones que garanticen a toda la ciudadanía, el goce y disfrute de todos los derechos constitucionales ya establecidos pero que además se incluya el derecho al acceso a la electricidad.
Enfatizó que desde la perspectiva de los derechos humanos el no contar con energía eléctrica impide el disfrute de otros derechos como el de la alimentación, salud, educación, telecomunicaciones, seguridad entre otros y este hecho no debe impedir la satisfacción de otras necesidades básicas.