Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e ilícitos electorales son los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex presidente priista, Enrique Peña Nieto, y que podrían reactivar y ligar otras indagatorias contra funcionarios de su gobierno, como Gerardo Ruiz Esparza.
Ayer, al cumplirse un año de la consulta popular con la que Morena buscó enjuiciar a los ex titulares del Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló desde su conferencia de prensa que la FGR podría informar sobre las investigaciones contra los ex mandatarios, por lo que horas más tarde la Fiscalía reveló que son tres los casos en contra de Peña Nieto.
Esto es lo que sabemos sobre las investigaciones contra el priista:
Lavado de dinero
El pasado 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó en la conferencia de prensa mañanera irregularidades que el sistema financiero detectó en los movimientos del ex presidente Peña Nieto por transferencias que le hizo un familiar por 26 millones de pesos.
La primera se dio el 21 de agosto de 2019 por 16 millones ocho pesos y 20 centavos; dos años después, el 20 y 29 de octubre de 2021, recibió dos más por 5 millones de pesos cada una. Estos movimientos se dieron luego del divorcio de Peña Nieto, cuando dejó el país para vivir con su nueva pareja en España.
El sistema financiero alertó que ese familiar también transfirió al hermano de Peña Nieto 29 millones de pesos, hizo retiros por 189 millones y recibió 47 millones más en depósitos injustificados, de los cuales, 36 millones de pesos fueron en efectivo, por lo que no se pudo rastrear su origen.
Además de anomalías en dos empresas relacionadas con el priista, tras triangular 22.8 millones de pesos de 35.9 millones que se recibieron en depósitos para una compañía; y una segunda, que él mismo creó y que recibió contratos de su gobierno por 10 mil 533 millones de pesos.
Así como transferencias internacionales por mil 577 millones de pesos, 4.9 millones de dólares y 164 mil euros a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
La FGR informó ayer que están trámite de dictámenes periciales, hacendarios y fiscales.
El experto en lavado de dinero, Salvador Mejía, explicó a MILENIO que el primer paso en la indagatoria era, precisamente, que la FGR solicitara al SAT las declaraciones del ex presidente. Si Peña Nieto no había reportado estos ingresos enviados por su familiar, se sumaría al lavado de dinero el delito de evasión fiscal.
Corrupción, OHL y delitos electorales
El segundo caso contra el ex presidente se centra en las denuncias hechas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien aseguró que sobornos de OHL y Odebrecht terminaron en las campañas electorales del PRI, principalmente, la presidencial del propio Peña Nieto.
OHL es una constructora creada tras la fusión de las compañías españolas Obrascón, Huarte y Lain, que dieron origen a sus siglas y que en la última década se ha visto envuelta en casos de corrupción en distintos países, lo que la llevó a enfrentar severos problemas financieros.
Las autoridades rastrean al menos tres grandes contratos otorgados en el sexenio priista desde Pemex a favor de OHL: uno por mil millones de pesos para la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas; 927 millones de pesos para planta de hidrógeno y un gasoducto, y 453 millones de pesos para trabajos de rebombeo en el ducto Salamanca-Guadalajara.
Además de las autoridades judiciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) también tiene en investigación este caso, pero no ha podido avanzar ante la resistencia de la FGR para entregar información sobre estos casos, pese a las órdenes que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Sobre estos contratos irregulares a constructoras, las indagatorias podrían reactivar otros casos de corrupción en el sexenio priista, como las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió en 2020 cuando la indagatoria en su contra estaba por concluir.
En el caso de Ruiz Esparza, MILENIO reveló que la UIF detectó un aparente enriquecimiento ilícito tras adquirir seis inmuebles por 50 millones de pesos mientras fue titular de la SCT, emitió cheques por 14 millones de pesos sin que coincidieran con sus ingresos, retiró más de 6 millones de pesos y recibió más de 8 millones en efectivo sin que se pudiera rastrear su origen.
El expediente de la UIF indicaba que esta investigación estaba ligada a la entrega de contratos a OHL desde la SCT, sin procesos de licitación o con irregularidades en estos. Además de otra indagatoria en contra del ex titular de la Sedesol, Luis Miranda.
Enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República informó que otro de los presuntos delitos en contra de Peña Nieto es enriquecimiento ilícito, para lo que ya solicitó dictámenes fiscales y patrimoniales.
El diario El País reveló que el ex presidente priista recibió una “visa dorada” por parte del gobierno español, que se le otorga a quienes invierten al menos un millón de euros en activos españoles.
En 2020, adquirió un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en el edificio del barrio Chambería, en Madrid, por un valor superior a los 500 mil euros, que tras casi un año de obras convirtió en un departamento de lujo.
El inmueble fue adquirido mediante una hipoteca por 889 mil 500 euros, con una constructora propiedad de un empresario de consultoría informática.
La autorización de la residencia vence en octubre de este año, por lo que el pasado 14 de julio, apenas unos días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera informara sobre las transferencias detectadas en las cuentas del ex mandatario, El País dio a conocer que el departamento se puso en venta como un “impresionante piso recién reformado” y que se oferta por 650 mil euros.
El pasado 7 de julio, Peña Nieto dijo que confiaba en que podría defenderse dentro de los procedimientos legales y aclarar “cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.
LP