Presentan 'amicus curiae' ante la Corte sobre riesgos de militarizar la política migratoria

Pidieron al máximo tribunal resolver a la brevedad la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019 sobre la Ley de la Guardia Nacional, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019.

Los migrantes podrán continuar con su camino para llegar a EU. (AP)
Sandra Rojas
Ciudad de México /

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centtro Prodh), el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, respecto de las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional.

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El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a la Guardia Nacional, por “los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

Las organizaciones mencionaron que aunque desde julio de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad 62/2019, al señalar que diversas disposiciones de la referida ley son contrarias a los derechos humanos, la SCJN continúa sin resolverla; a través del amicus curiae entregaron a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por la Guardia Nacional.

“La información presentada en el amicus debe incentivar a la SCJN a revisar a la brevedad la Acción de Inconstitucionalidad sobre la Ley de la Guardia Nacional; ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por este cuerpo de seguridad en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, precisaron.

LG

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