Las escuelas privadas de nivel básico a superior en el país rechazaron el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) 237, que analizan las secretarías de Economía y Educación Pública, y cuyo objetivo es regular los servicios y cobros que brindan estas instituciones, pues advirtieron que generará una sobrerregulación con negocios millonarios para empresas calificadoras, en detrimento de los bolsillos de las familias y las pequeñas escuelas.
Las organizaciones que representan a más de 6 mil escuelas particulares desde primaria hasta universidades informaron que, por ello, abandonaron el grupo de trabajo para el diseño de la norma y acusaron tratos hostiles por parte de las autoridades.
“Pese a que fuimos invitados a ser parte del proceso, como dictan las reglas de normalización, nuestra participación ha sido de convidados de piedra, porque no sólo no se toman en cuenta nuestras aportaciones y señalamientos sobre la gravedad que enmarcan los criterios impulsados, sino que se nos calla de forma arbitraria y se nos hizo firmar un documento de confidencialidad para que ninguno de los asistentes pudiéramos dar a conocer nuestros desacuerdos por la forma como lo están realizando”, indicaron en videoconferencia de prensa.
Las organizaciones son Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); Alianza para la Educación Superior (ALPES); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE - ANEP); Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI); y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
La nueva NOM-237 tiene por objeto establecer las disposiciones a las que se sujetarán todos los proveedores que presten servicios educativos a cambio de una contraprestación económica, determinar los derechos de los consumidores que contraten dichos servicios y procurar la equidad en las relaciones entre proveedores y consumidores, a fin de evitar cobros injustificados.
Los representantes de las asociaciones denunciaron que el grupo de trabajo distaba mucho de ser participativo, inclusivo y de atención. A ello, dijeron, se suman las irregularidades procedimentales, pues al término de cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, no se han compartido las minutas y la autoridad insiste en denominarlas como acuerdos, a pesar de no serlo porque no nos han permitido incluir nuestra oposición al respecto.
Asimismo, explicaron que la prestación de servicios educativos está claramente normada en la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública.
En consecuencia, la Secretaría de Economía y la Profeso carecen de facultades para emitir normas en materia educativa, pues las acciones de las instituciones educativas particulares están estipuladas en la Ley General de Educación, por lo tanto, no tienen por qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le prohíbe, advirtieron.
“En conclusión, las organizaciones representadas por quienes hoy estamos aquí, congruentes con nuestras convicciones y comprometidos con la educación, hemos tomado la decisión de abandonar dicho grupo de trabajo para seguir enfocando nuestros esfuerzos en lo que hacemos y a lo que nos dedicamos: impartir educación y preparar el regreso a clases en puerta.
“Es momento de apoyar al sector educación, no de sobre regularlo y hacer negocio con certificaciones fuera del marco de la Ley General de Educación”, finalizó María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
JLMR