Un grupo de camioneros que se hacen llamar Plataforma para la Defensa del Transporte, está provocando el caos para abastecer productos, sobre todo alimentos, al bloquear a los transportistas en varios puntos que se dirigen a los sitios de entrega.
Leche, fruta y pescados, son los grandes afectados por la huelga de transportes. De hecho, la industria láctea advirtió que de continuar el problema habrá desabastecimiento en los próximos días, mientras los grandes mercados se ven detenidos y el campo nota ya falta de suministros.
Tras investigar quién está detrás del movimiento, el gobierno descubrió que se trata de ultras apoyados por el partido de ultraderecha VOX, por lo que movilizó casi 24 mil agentes para abrir paso a los transportistas que desean trabajar con normalidad, pero que los ultras les impiden de forma violenta les impide transitar. Lo hacen con palos, clavos y otros instrumentos que utilizan como armas improvisadas.
Los camioneros no están registrados en ninguno de los principales sindicatos de trabajadores del país, por lo que el gobierno califica los hechos como de auténtico sabotaje por parte de los ultras, que lo único que quieren es “intentar someter al país” con este tipo de actos, según la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
En esto coincidió también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que tildó a los responsables como un grupo minoritario que “está boicoteando” el abastecimiento.
El gobierno sigue sin reconocer a la Plataforma del Transporte como interlocutor válido en el conflicto, pese a que sus dirigentes han reiterado que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que los manifestantes deberían estar afiliados.
El CNTC, en la que se encuentran organizaciones empresariales como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), asegura que el paro es minoritario porque los convocantes no representan ni al cinco por ciento del sector.
Según los convocantes, los motivos principales que han llevado al sector del transporte a ir al paro son las condiciones bajo las que tienen que operar, por lo que proponen prohibir por ley trabajar por debajo de los costes, es decir, cobrar como mínimo 1,25 euros el kilómetro frente a los 0,70 euros que pagan ahora los cargadores.
También reclaman que el pago se perciba en un máximo de 30 días, la jubilación a los 60 años y la jubilación anticipada a los 58 años, o limitar a un único servicio mensual las actividades de transporte de empresas extranjeras en territorio nacional, entre otras medidas.
Hasta el momento no hay un acuerdo entre los transportistas y el gobierno para volver a la normalidad. Pese a todo, el gobierno de Pedro Sánchez aseguró que el abastecimiento de alimentos está garantizado.
LG