El acuerdo nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en primarias y secundarias abre una nueva etapa en la discusión sobre las pantallas en las escuelas, pero deja pendientes preguntas sobre su aplicación cotidiana, las excepciones y el uso educativo de la tecnología, advirtieron especialistas.
Familias y comunidades también son responsables en el uso de pantallas
Alma Maldonado, especialista en educación del Cinvestav, señaló que será necesario conocer primero el documento que aparecerá en el Diario Oficial antes de valorar sus alcances.
"Necesitamos esperar la publicación del decreto (…) para ver los términos, porque me parece que ahorita es confuso", señaló.
Entre los aspectos que consideró necesario aclarar están la supervisión, las posibles sanciones y las excepciones que tendrá la medida.
Maldonado cuestionó además que la discusión se haya concentrado en los dispositivos sin abordar con la misma profundidad el papel de las redes sociales y la responsabilidad que tienen las familias y las comunidades frente al uso de pantallas.
"Una medida como esta que busca aminorar el impacto de las pantallas en las niñas y en los niños requiere de la participación de la sociedad, de las familias", sostuvo.
La investigadora consideró que la publicación del acuerdo se aceleró después de conocerse los resultados de PISA 2025 y cuestionó la forma en que se presentó la política.
"Creo que tiene el sello de la casa, que es la improvisación", afirmó, al insistir en que el anuncio deja interrogantes que solo podrán resolverse cuando se conozca el documento completo.
Reglas aplicadas de forma real
Marco Fernández, especialista de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que la diferencia entre el uso recreativo y el uso pedagógico de celulares debería ocupar un lugar central en la regulación.
Fernández reconoció que existen razones legítimas para intervenir: reducir las distracciones, contener espacios de ciberacoso y atender los posibles efectos socioemocionales derivados del uso intensivo de redes sociales.
No obstante, coincidió en que la principal preocupación es cómo se traducirá el acuerdo nacional en reglas que puedan aplicarse realmente en miles de escuelas con condiciones muy distintas.
"¿Dónde permanecerán los celulares durante la jornada? ¿En las mochilas, en el salón o en algún espacio destinado para resguardarlos? ¿Quién será responsable si un equipo se pierde o se daña? ¿Qué podrá hacer un maestro cuando un estudiante se niegue a guardar o entregar su teléfono? ¿Cómo podrán comunicarse las familias con sus hijos ante una emergencia?
"No puede decirse que el Consejo Técnico Escolar va a ser el que definirá sus propios protocolos", advirtió Fernández.
Añadió que las escuelas necesitan guías claras para evitar que la regulación termine existiendo únicamente en el papel.
Fernández advirtió que hasta ahora las autoridades no han abordado la desigualdad tecnológica entre las escuelas y recordó que una parte importante de los planteles públicos carece de computadoras conectadas a internet, por lo que el teléfono se ha convertido, en algunos casos, en una herramienta para acceder a contenidos educativos.
La contradicción, dijo, puede encontrarse incluso en los materiales escolares: algunos libros de texto incorporan códigos QR que conducen a recursos digitales. En escuelas privadas, además, las tabletas forman parte habitual de las actividades de lectura, ciencias, historia y otros proyectos.
"¿Cómo vamos a evitar que todavía se profundicen aún más las desigualdades?. Necesitamos en todos los estudiantes de las públicas y de las privadas desarrollar habilidades digitales que son también una realidad del siglo XXI", expuso.
Otros problemas para el deterioro del aprendizaje, en segundo plano
El especialista también cuestionó la información disponible sobre la consulta realizada por la SEP antes de tomar la decisión. Señaló que no se han difundido públicamente todos los resultados ni las diferencias por nivel educativo o entidad federativa, información que permitiría conocer mejor las opiniones de los docentes y las distintas condiciones en las que deberá aplicarse la medida.
Fernández expuso que, antes de establecer una política nacional, habría sido conveniente analizar qué ocurrió en esos estados, qué medidas funcionaron, cuáles encontraron dificultades y qué lecciones podrían incorporarse al nuevo esquema.
Añadió que, al atribuir el deterioro de los aprendizajes principalmente al teléfono, corre el riesgo de dejar en segundo plano asuntos como la formación docente, los recursos escolares y las condiciones en las que aprenden los estudiantes.
El gobierno federal anunció este lunes que la restricción para el uso de celulares comenzará a aplicarse el 3 de noviembre y abarcará tanto las clases como los recreos.
Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos, pero deberán mantenerlos guardados durante la jornada escolar. El acuerdo será publicado este martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
ksh