La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que esperarán la notificación que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la demanda de acción de inconstitucionalidad para saber qué se le pide a la legislatura local.
Esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promoviera una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto 203 que contiene las reformas al Código Electoral del Estado de Hidalgo en materia indígena publicado el pasado 9 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo debido a que considera que no se garantizó una consulta libre e informada a los pueblos y comunidades originarias de Hidalgo para llevar a cabo la reforma indígena.
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Pérez Perusquía recordó que la presidenta de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Adela Pérez Espinoza, dijo que el municipio de San Felipe Orizatlán, no fue considerado para la consulta indígena.
“Fueron señalamientos que la propia diputada hizo con oportunidad que no había suficiente conocimiento de la convocatoria, que no se habían tomado en cuenta todas las opiniones, eso se puntualizó en su momento”, aseveró.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que se violaron derechos fundamentales como el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas; el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas; el derecho de participación política; el derecho a la igualdad y no discriminación; y la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos.
“Necesitamos conocer en qué términos viene el recurso y con base en ello de manera institucional habremos de responder como Congreso”, agregó María Luisa Pérez.
La CNDH solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaración de invalidez e inconstitucionalidad del decreto debido a que considera que no se garantizó una consulta libre e informada a los pueblos y comunidades originarias de Hidalgo para llevar a cabo la reforma indígena.
Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Raúl Baptista González, quien al momento de la reforma era el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, consideró que es respetable la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aseguró que la consulta indígena estuvo bien hecha por parte de la legislatura local y apuntó que presentarán el informe respectivo. Según el diputado local desde la convocatoria para consulta indígena se tuvo una validez para ella desde el Congreso del estado así como en las asambleas realizadas en cada una de las comunidades.
Agregó que el tema será atendido una vez que el Congreso del estado sea notificado de manera oficial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.