Ante los cuestionamientos de diputados locales respecto a cuándo y cómo se realizarán las transferencias federales a municipios, el tesorero de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, respondió que actualmente el Estado está detenido por un recurso legal que interpusieron los mismos municipios.
Este martes se realiza la Glosa del Tercer Informe en el tema de eje “Buen Gobierno” encabezado por el tesorero, quien recibe la mayor parte de las preguntas.
Tras señalar que no están obligados a pagarlo, el funcionario dijo que si así fuese la obligación por parte de un juez, tendrían que buscar la manera de cómo pagar lo antes posible.
“Si en algún momento alguna resolución o determinación distinta a las funciones de la tesorería, sería una obligación de un juez y estaríamos viendo la manera de cómo fondearlo, es una cantidad importante mil 700 millones de pesos, tendríamos que buscar cómo pagarlo pero en una sola exhibición sería complicado”, respondió.
Agregó que no ven ese faltante a los municipios como un pasivo, pues reiteró que es un tema en litigio.
La diputada del PAN, Claudia Caballero, soltó una serie de preguntas a la contralora, María Teresa Herrera relacionadas con presuntas irregularidades, denuncias y conductas del gobernador, Samuel García como presunta triangulación de recursos a empresas relacionadas con el mandatario, sentencias del TEPJF.
Tras señalar que es un récord de sanciones para un gobernador, cuestionó si el órgano estatal ha incluido alguna denuncia contra García Sepúlveda.
Al respecto, la contralora señaló que sí hay auditorías, pero fueron abiertas este año por lo que no compartió los resultados.
“El actuar de la contralora es profesional con autonomía y responsable”, dijo.