Luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera acciones en tres casos de desaparición forzada en México, el gobierno federal reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y ofreció una disculpa pública a los familiares de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo Rivas, al tiempo de admitir que ese fenómeno fue una política de Estado en el pasado.
Aunque la desaparición forzada no se dio en la actual administración, los familiares exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizar las acciones necesarias para lograr justicia y continuar con la búsqueda.
La ONU emitió un dictamen el 5 de agosto de 2019 en el que exigió una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre la desaparición forzada de las tres personas.
Ante esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ofreció la disculpa a nombre del Estado.
“Acudo en nombre del Estado mexicano a ofrecer disculpas públicas y asumir la responsabilidad por las violaciones graves que resultaron en la desaparición forzada de las tres personas. Ofrezco disculpas por la actitud negligente de las autoridades por negarse a atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos”, expresó.
Inconformes con disculpa; piden continuar búsqueda
No obstante, los familiares de Christian, Israel y Víctor se dijeron inconformes con la disculpa pública y demandaron que el gobierno federal obligue a los estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila a continuar la búsqueda de sus familiares.
María Eugenia Padilla, madre de Christina Téllez, quien desapareció hace 10 años en manos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Veracruz; señaló a la administración de Fidel Herrera en ese estado por la desaparición y las irregularidades en el caso de su hijo.
“Agradezco sus palabras de disculpas sin embargo, el dolor, el miedo, por la perdida de mi hijo nadie me la va a quitar. Quiero hacerle una petición, exija la búsqueda de mi hijo, porque son 10 años que nadie me ha dado una respuesta, me gustaría que se pusieran un momento en nuestro lugar. Le pido que honre sus palabras y haga que se cumplan”
En tanto el padre de Jesús Israel, Carlos Moreno, pidió pasar de los discursos a las acciones, ya que tiene 9 años y 8 meses buscando a su hijo que desapareció en Oaxaca. Reclamó la actuación de la actual administración y del fiscal Rubén Vasconcelos, quienes intentaron entregar un acta de defunción y realizar trámite de autopsia sin tener un cuerpo.
“Mi familia y yo no podemos aceptar una disculpa porque no me han entregado a Israel, exijo que la Secretaría de Gobernación proporcione todos los medios y herramientas científicas para la localización de mi hijo. Es lamentable que el fiscal de Oaxaca no esté presente”.
Finalmente, la madre de Manuel, María Hortensia Rivas, con lágrimas, narró cómo elementos del equipo de reacción del estado de Coahuila entraron a su casa y frente a sus cinco nietos se lo llevaron.
“A mis nietos que están aquí, les pusieron el arma en la cabeza, amenazando a mi hijo que los matarían. Ese día me dejaron muerta en vida, aún espero que entre noches de insomnio llegue y me diga: 'amá'.“Tenemos autoridades insensibles que no tiene voluntad de hacer su trabajo. 7 años y 5 meses que se lo llevaron; Autoridades presentes expliquen a ellos (mis nietos) porqué sus padres no están con ellos. No sé si en verdad lo están buscando, exijo que lo sigan buscando”.
Desaparición forzada fue política de estado: Encinas
Ante esto, Encinas Rodríguez explicó que la desaparición forzada fue por muchos años una política de estado y reconoció que sigue siendo un reto para la actual administración que se tiene que atender ante las más de 79 mil personas desaparecidas.
“Hemos priorizado las herramientas de búsqueda a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno; por ello, se han identificado más de 4 mil fosas clandestinas. Prevalecemos el derecho de la búsqueda de personas y el combate a estas prácticas. Tenemos un compromiso de luchar con las organizaciones para erradicar estas prácticas deleznables y el Estado debe reparar el daño”, subrayó.
JLMR