Tras la polémica y críticas que se han generado en torno a la aplicación de la objeción de conciencia en las reformas implementadas a la Ley Estatal de Salud, el Gobierno de Nuevo León adelantó que vetará dicha iniciativa por los diputados.
Manuel González, secretario general de Gobierno, consideró que, en caso de que las reformas lleguen al Ejecutivo tal cual se aprobaron, éstas serán vetadas por considerarlas discriminatorias.
“Nosotros en el Estado vamos a vetar esa iniciativa. Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley, los médicos deben atender a toda la ciudadanía sea ésta cual fuese.
“Y la posición de un gobierno garantista como éste es esa. Seguramente, si llega así, porque todavía no nos la traen aquí al Ejecutivo, será vetada", dijo.
Sin embargo, el funcionario estatal no quiso responder a las actitudes y posturas de los legisladores locales, pero insistió en que la salud es un tema que se debe garantizar a todo ser humano sin excepción alguna.
“Yo no voy a calificar las actitudes del Legislativo, lo único que le digo es que nosotros en el Ejecutivo no estamos de acuerdo con la discriminación”, refirió.
El 15 de octubre pasado se dio a conocer que los profesionales de la salud de Nuevo León podrán excusarse de participar en aquellas prácticas y tratamientos que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, ética o creencias, como por ejemplo, practicar o no un aborto.
El Congreso de Nuevo León avaló la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Estatal de Salud, cuya propuesta fue presentada en abril por el entonces diputado Juan Carlos Leal, quien pidió licencia en septiembre pasado.
Durante la sesión ordinaria de ese día, los legisladores señalaron que por objeción de conciencia se entiende la actitud de quien se niega a obedecer una orden de la autoridad o un mandato legal invocando la existencia, en su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico, a causa de una norma que le impide asumir el comportamiento.
La propuesta fue votada con 35 votos a favor, cinco más en contra y una abstención de parte de la diputada Bustos.
Los legisladores indicaron que esta iniciativa se apega a los tratados internacionales que México ha suscrito, así como en el texto de la propia Constitución de México en su artículo quinto, por lo que, consideraron, está plenamente justificada.