Instituciones públicas de estados y municipios, principalmente, pero también algunas a nivel federal enfrentarán en los próximos meses el reto de “migrar” a formatos digitales la información de declaraciones patrimoniales y de intereses de empleados públicos.
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A partir del 1 de enero, las declaraciones de aproximadamente nueve millones de empleados de la administración pública deberán ser electrónicas para poder consultarse en línea.
Cada institución tiene hasta el 31 de diciembre para digitalizar la información del patrimonio de todos los funcionarios públicos, sea que trabajen a nivel federal, estatal y municipal, incluidos los órganos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial, federales y estatales.
“Cada ente público, ya sea la secretaría de la Contraloría del estado X o el ayuntamiento Z tiene que ver cómo da cumplimiento a esto, porque sí hay sanciones, sí hay consecuencias jurídicas, se trata del cumplimiento de la ley”, explicó Bernardo Rojas, director general de Vinculación Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), en taller informativo con medios de comunicación.
La obligación de digitalizar las declaraciones entrará en vigor la próxima semana, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se den a conocer los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado 7 de agosto.
Con el acuerdo será obligatorio presentar la información patrimonial en un formato electrónico, mediante el cual se pueda interconectar para cruzar datos y las relaciones personales de los funcionarios públicos a nivel nacional.
Además, en mayo de 2020, los nueve millones de servidores públicos deberán cumplir con la obligación anual de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, pero ahora en un mismo formato.
Rojas explicó que históricamente el problema de la falta de internet y computadoras en muchos sitios del país genera problemáticas con diferentes temas de gobierno, pero deberá resolverse.
“Habrá que ver la forma en que lo resolvemos, lo que no hay que perder de vista es que en el fondo, necesitamos esta gran base de datos en donde estén todos los servidores públicos del país y eso sólo lo vamos a poder hacer si está en medios electrónicos”, afirmó.
“Si se siguen haciendo excepciones para poder llenar en papel y esa información no está en medios electrónicos para generar una base de datos, no sirve de nada. ¿De qué sirve que haga una declaración si la dejan en papel y alguien la mete en un archivero?”, agregó.
Estos nuevos formatos amplían el número de campos que los empleados públicos deben llenar, para que las autoridades puedan dar un seguimiento patrimonial más detallado y, en su caso, detectar posibles actos de corrupción.
OVM