En septiembre de 2017 la meticulosa mirada de un grupo de periodistas y analistas destapó lo que hasta la fecha es considerado como el caso de corrupción más grande registrado durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012 - 2018).
Bastó con una revisión a las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 para que el medio Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectaran contratos ilegales que derivaron en el desvío de 7 mil 670 millones de pesos.
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La investigación periodística terminó de tomar forma en un libro cuyas piezas fueron unidas por Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste. La historia desglosa el multimillonario desfalco en el que se vieron involucrados integrantes del gabinete encabezado por el ex mandatario priísta, universidades públicas y empresas fantasma.
Pese a convertirse en un claro ejemplo del ejercicio indebido de la función pública, el caso conocido popularmente como la Estafa Maestra continúa desatando indignación entre la opinión pública luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) actuara únicamente en contra de unos cuántos involucrados, abriendo así nuevamente el paso a la impunidad.
El multimillonario fraude triangular
De acuerdo con una investigación de MCCI, la corrupción se define como "el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual".
Si bien el término engloba diferentes problemas públicos, lo cierto es que los costos sociales de la corrupción se acentúan en un país tan desigual como lo es México, una condición que los protagonistas de la Estafa Maestra decidieron ignorar cuando entregaron 7 mil 670 millones de pesos a 186 empresas.
"128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente porque no existen", expone en un artículo la organización civil.
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La entrega del dinero se realizó a través de un fraude triangular en la que el gobierno federal otorgó recursos a universidades públicas, las cuales a su vez eran las encargadas de contratar a las empresas equivocadas o de dudosa procedencia.
En un seguimiento a los recursos públicos otorgados a las universidades, MCCI y Animal Político descubrieron que 3 mil 433 millones de pesos fueron entregados a empresas fantasma, además de que mil millones de pesos más fueron la comisión que las universidades cobraron por triangular los recursos y el resto sirvió para otro tipo de presuntos servicios.
Los protagonistas de la Estafa Maestra
Las pesquisas periodísticas realizadas apuntaron a que en el desvío de recursos públicos participaron las siguientes dependencias:
- Secretaría de Desarrollo Social (2 mil 224 mdp)
- Banco Nacional de Obras (491 mdp)
- Secretaría de Educación Pública (278 mdp)
- FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 mdp)
- Secretaría de Agricultura (157 mdp)
- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp)
- Registro Agrario Nacional (447 mdp)
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp)
- Secretaría de Economía (96 mdp)
- Petróleos Mexicanos (3 mil 576 mdp)
En los años en los que se fraguó el millonario desfalco algunas de las titularidades se encontraban bajo el mando de personalidades de la política mexicana como Rosario Robles (Sedesol), Alfredo del Mazo (Banobras) e, incluso, Emilio Lozoya (Pemex).
DATO...La declaración de Emilio Zebadúa
En una de sus comparecencias, el ex funcionario de alto mando de la Sedesol
acusó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de ordenar el desvío de recursos millonarios de programas sociales para comprar votos y financiar actos de campaña del PRI, según constan reportes periodísticos de Animal Político.
Respecto a las universidades, fueron al menos ocho las que aceptaron ser intermediarias del fraude a cambio de una cuantiosa comisión:
- Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación y Tecnológica (FONDICT)
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad Popular de la Chontalpa
- Universidad Juárez Autónoma
- Universidad Politécnica del Golfo de México
- Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
- Universidad Tecnológica de Tabasco
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Aunque la Ley de Adquisiciones permite a las dependencias firmar convenios con universidades públicas siempre y cuando realicen al menos el 51% del servicio contratado, éste no fue el caso de la Estafa Maestra.
"Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%", expuso MCCI.
Por ser las universidades intermediarias en la triangulación de los recursos, sus respectivos rectores y funcionarios cobraron una comisión de entre el 10 y 15% del total del convenio, lo que se terminó por convertir en un sobreprecio de los servicios contratados.
Las empresas fantasma
El minucioso rastreo que los periodistas realizaron a las empresas beneficiadas con los convenios de las universidades públicas expusieron que, de las 186 seleccionadas, 128 presentaban irregularidades.
Entre 2014 y 2015 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró como fantasma a 11 de las empresas y mantuvo en la mira a otras nueve por la misma razón.
Adicionalmente trascendió que 28 no contaban con dirección, 12 fueron desmanteladas apenas cerraron los contratos con universidades, ocho no están en los domicilios declarados, 44 no contaban con su registro ante la Secretaría de Economía, seis se dedicaban a servicios no relacionados para lo que fueron contratadas y 10 más no pudieron ser localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Por dichas características, ninguna de las 128 empresas cumplía con los requisitos estipulados en la ley para ser contratadas por las universidades públicas.
“De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio”, concluye la investigación que MCCI y Animal Político realizaron a través de la revisión de miles de documentos, entrevistas, solicitudes de transparencias y visitas personales a domicilios de las empresas y universidades involucradas.
Los detenidos y procesados
Tras darse destaparse el escándalo de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles -ex titular de la Sedesol- por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En un abrir y cerrar de ojos la entonces integrante del gabinete presidencial se convirtió en uno de los rostros más relevantes de la Estafa Maestra, por lo que fue ingresada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla al oriente de la Ciudad de México.
Rosario Robles pasó tres años en prisión preventiva hasta que en agosto de 2022 fue modificada su medida cautelar. Meses después, en enero de 2023, un tribunal colegiado le concedió un amparo en contra de una resolución donde le negaron el sobreseimiento de la causa penal por la Estafa Maestra.
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Con dicho recurso, el 24 de febrero un juez de control del Reclusorio Sur sobreseyó el juicio en contra de la ex titular de la Sedesol, con lo que se dio por cerrado su proceso en materia penal.
En palabras de analistas, Rosario Robles figuró como el ‘chivo expiatorio’ de aquella triangulación de recursos públicos al considerar que, pese a que hubo decenas de involucrados en la Estafa Maestra, en primera instancia fue únicamente la ex titular de la Sedesol fue encarcelada y procesada.
De acuerdo con MCCI, también fueron giradas órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Vera Jiménez y José Víctor Zárate Aguilera, quienes se desempeñaron como rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Popular de la Chontalpa, respectivamente.
Recientemente una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por la Estafa Maestra por delitos relacionados a la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución de la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez se dio luego de que la FGR presentó los elementos prueba de suficientes en contra de José Antolino Orozco Martínez -ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Sedesol-, Luis Antonio Valenciano Zapata -apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A de C.V- y una ex funcionaria de menor rango.
Reportes del periodista Arturo Ángel para MILENIO apuntan a que se han judicializado 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas por ejercicio ilegal del servicio público así como el uso ilícito de atribuciones.
Pese a ello, se reconoce que las personas recién sentenciadas son integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal a través del cual se desviaron miles de millones de pesos del erario público.
A más de seis años del destape de la Estafa Maestra, los presuntos responsables del multimillonario fraude aún no son procesados y, en algunos casos, continuaron asumiendo cargos públicos, situación que dejó nuevamente a la impunidad como única protagonista.
ATJ