Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra.
Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.
Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.
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Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados - que se definirán en siguientes audiencias - podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.
Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.
Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.
Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.
No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.
El caso de la FGR
En su acusación presentada ante la jueza los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo) sostuvieron que entre 2012 y 2018 operó una organización delictiva en la Sedesol y Sedatu con la que se lograron desviar más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada.
“Actuando todos con pleno conocimiento de permanencia e intervención en el esquema delictivo hoy conocido como Estafa Maestra. Este esquema tuvo como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25., con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”, señala el escrito de la acusación final del que MILENIO tiene copia.
Para ejemplificar el funcionamiento de la organización delictiva los fiscales profundizaron en el caso de un convenio firmado desde la Sedesol con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones de pesos para el levantamiento de unos padrones y encuestas. Los servicios, según la acusación, se simularon y el dinero terminó en empresas fachada.
La investigación de los fiscales apoyada en auditorías federales sostuvo que Orozco Martínez participó en los procedimientos irregulares de contratación y validó servicios que no se prestaron de forma adecuada. En tanto, la empresa de la que era apoderado Valenciano Zapata fue la receptora de los recursos desviados a través del referido convenio. Ello pese a que dicha compañía no tuvo participación en los servicios prestados.
Sin esas acciones, consideró la jueza federal en su resolución, no hubiera sido posible que la organización delictiva lograra extraer los recursos públicos.
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Cabos sueltos
Las personas sentenciadas son, según la propia FGR, integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal. Ninguno de ellos fue acusado de haberse beneficiado con los recursos malversados o haber organizado o coordinado el esquema delictivo. El destino final de los recursos no se ha esclarecido.
El proceso penal asentado en la causa penal 400/2020 ha enfrentado dificultades para llegar a los principales responsables. Por un lado, aunque en 2021, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de Rosario Robles (que según la acusación es la líder del esquema), esta no fue cumplimentada pese a no existir obstáculo alguno, pues la exfuncionaria estaba plenamente localizable y en prisión preventiva por otro proceso. A la postre la orden fue cancelada gracias a un amparo obtenido por la exsecretaria de Estado.
La FGR aún está en posibilidades de citar a una audiencia inicial a Robles para intentar detonar el proceso penal en su contra, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.
Por otro lado, este caso surgió de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 en la que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversas declaraciones y otros datos de prueba identificaron al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como el principal operador y beneficiario del fraude.
Sin embargo, las autoridades a cargo de la indagatoria no procedieron en contra de dicho exfuncionario. Un informe revelado por la organización TOJIL en mayo pasado evidenció un esquema de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en que estarían implicados fiscales y otros funcionarios para proteger a Zebadúa y sus cómplices.
Tras la publicación de esa información la FGR a través de su Fiscalía de Asuntos Internos inició formalmente dos carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción en contra de varios de los fiscales y ex fiscales a cargo de este caso. El asunto sigue en desarrollo.