Tras el inicio del 2024 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Congreso del estado tienen hasta julio, dentro del plazo establecido de dos años que se fijó en 2022, para la transición a la Fiscalía General de Justicia.
La Comisión Interinstitucional de Transición debe llevar a cabo la implementación de la Fiscalía General de Justicia, en tanto el Congreso local deberá declarar la validez de su autonomía.
Al día de hoy el encargado de Despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto Castillo, es precandidato al Senado de la República por el estado de Querétaro, quien se prevé que pida licencia al cargo para dedicarse de lleno a su precampaña; mientras que al Congreso aún no se presenta la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
El 22 de julio de 2022 iniciaron los trabajos de la Comisión Interinstitucional de Transición para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo la cual tiene a su cargo planificar, programar, proyectar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta implementación de la Fiscalía, el análisis integral del personal; así como coordinar las tareas entre las distintas áreas involucradas, hasta la conclusión de la transición, misma que deberá concretarse en un plazo no mayor de dos años. Los dos años se cumplen en julio de este año.
Vinculados a proceso
En el último bimestre de 2022 y durante 2023 se consiguió la aprehensión y vinculación a proceso de personas servidoras públicas que se desempeñaron en diversas secretarías de estado, subsecretarías, direcciones generales, de área, así como en presidencias municipales.
Como parte del combate a la corrupción implementado por la presente administración, a través de procesos penales se han recuperado alrededor de 100 millones de pesos, recursos que han sido devueltos a la Secretaría de Hacienda. De esta forma, la denominada “estafa siniestra” se ha convertido en un parteaguas en el combate a las malas prácticas y contra las acciones de impunidad en la historia del estado.
De este modo, la unidad especial encargada de las investigaciones ha conseguido la vinculación a proceso de siete presidentes municipales por delitos de peculado, peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
Luego de que se detectara el desvío de recursos públicos por parte de siete presidentes municipales, mediante investigaciones efectivas se obtuvieron las vinculaciones a proceso para el ex edil de Huautla, quien enfrenta un proceso penal por un desfalco de 26 millones 615 mil 780 pesos; al de Yahualica, investigado por un detrimento a las arcas municipales de 29 millones 225 mil pesos; Epazoyucan, investigado por el mal uso de 14 millones 215 mil pesos; Pisaflores, investigado por el desvío de 30 millones 380 mil 890 pesos; Tula de Allende, en detrimento de 66 millones 700 mil pesos; y Nopala de Villagrán, por 71 millones 960 mil 890 pesos.
A estas vinculaciones, se detalló, se le sumaron la del ex presidente municipal de Calnali, quien enfrenta un proceso penal por negociaciones indebidas y órdenes de aprehensión.
De igual forma, el ex presidente de Atitalaquia, investigado por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado y peculado agravado, por un total de 28 millones 3 mil 90 pesos, por quien se ha emitido ficha roja al encontrase sustraído de la justicia.
Mediante esta red de corrupción durante la administración estatal anterior fueron desviados millones de pesos, a través de al menos 13 ayuntamientos y dos secretarías del gobierno de Hidalgo. Los desfalcos en su mayoría ocurrieron al amparo de la emergencia de salud pública por el virus de covid-19.