Para evitar que los delitos electores queden impunes es necesario que se cumplimenten al menos mil 658 órdenes de aprehensión, donde se logró integrar la averiguación previa, pero no hay a quién procesar y castigar, indicó Álvaro Rodríguez de la Vega, director general de Averiguaciones Previas de la FEPADE.
En entrevista, el funcionario de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indicó que las sentencias condenatorias van en aumento en esta administración, donde a la fecha han consignado más de 2 mil casos; lo que falta es tener frente a la justicia a los acusados.
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En investigación, aseveró, hay avances, se ha logrado reducir el tiempo de integración de la averiguación previa, de mil 80 días a un año, en el sistema tradicional. "Los resultados y números se están dando, pero necesitamos contar con el apoyo de la policía federal, ministerial, para que se hagan las detenciones y se finalice el proceso de esas averiguaciones previas con una sentencia".
Entrevistado en el marco del Curso-taller electoral que el IEEM y el INE ofrecieron a representantes de los medios de comunicación, puntualizó que la mayoría de los delitos no son graves, es decir se pueden enfrentar sin estar en prisión; excepto, cuando los comete un funcionario de partido o servidores públicos.
Las penas van desde meses a seis o nueve años de prisión, de acuerdo a la falta cometida, pero en la mayoría de casos se enfrenta en libertad a menos que haya agravante, es decir, que se hayan realizado por algún servidor público o por miembro de un partido, pues se estima que conocen perfectamente la norma y en caso de incurrir en faltas, se consideran ejercidas con dolo, buscando obtener beneficios específicos; los procesos pueden durar varios meses.
Los funcionarios públicos deben tener más cuidado, la ley les demanda mayor atención en el desempeño de sus funciones; sin embargo, consideró necesario que en algunas situaciones específicas se eleven las penas por la trascendencia de la conducta, para inhibir el delito, pues de otra manera salen muy rápido.
En el Estado de México hay 11 carpetas relacionadas de manera directa con el proceso electoral, pero además tiene otras por turismo electoral, así como otras rezagadas de procesos federales y locales anteriores.
En promedio, en la integración de una carpeta se tardan de seis meses a un año; no es sencillo demostrar todas las circunstancias de modo tiempo y lugar porque la carga probatoria exige más.
Se dificulta un poco la labor en temas electorales porque generalmente son conductas realizadas a "puerta cerrada" y no es sencillo dar con los datos de prueba. Y cuando eso ocurre otra gran dificultad a la cual se enfrentan para lograr justicia, es encontrar y presentar ante un juez a los probables responsables.
MCLV