Cientos de mexicanos han pasado por las cortes de Estados Unidos (EU) tras ser entregados en extradición. Un proceso al que las defensas de presuntos delincuentes han amparado con la esperanza de retrasarlo o incluso evitar que el futuro de sus clientes sea definido en el país vecino.
Algunos optaron por darse a la fuga, pero fracasaron en su intento. Ejemplo de ello han sido algunos ex gobernadores que perdieron la batalla legal y terminaron en manos de la justicia estadunidense. Narcotráfico, lavado de dinero o asociaciones ilícitas han sido su común denominador.
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Mario Villanueva, víctima del “maxiproceso”
Mario Villanueva Madrid fue el primer ex gobernador que México entregó a las autoridades de Estados Unidos. Una corte federal en Nueva York solicitó en 2007 su detención y en 2010 llegó a la nación que tres años después lo sentenció a 11 años de cárcel.
En 2001, el ex mandatario de Quintana Roo conocido como “El Chueco” fue capturado tras dos años de estar prófugo de la justicia. Su detención fue parte del operativo “Maxiproceso”, impulsado en 1998 por la Procuraduría Federal de la República (PGR) (hoy Fiscalía) con el fin de desarticular al Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”.
La complicidad entre Villanueva Madrid y el cártel de Amado Carrillo habría facilitado la entrada de cocaína a la entidad del sur de la República. Según EU, durante su mandato el quintanarroense recibió hasta 500 mil dólares por cada cargamento que el grupo delictivo enviaba desde Colombia con destino a EU.
Fue el penal de máxima seguridad de “El Altiplano” — antes “La Palma” — en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), el primer destino de Villanueva Madrid tras su detención. Ahí permaneció hasta 2007, mismo año en que las autoridades lo recapturaron tan pronto quedó en libertad; la orden venía desde Estados Unidos.
El Chueco llegó a la nación norteamericana en 2010 acusado de asociación delictuosa y narcotráfico. Ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York se declaró culpable por lavado de dinero y le dictaron 131 meses de prisión en la cárcel de Lexington (para ello, se le tomó en cuenta el tiempo que había pasado tras las rejas en México).
Seis años transcurrieron y el ex gobernador de Quintana Roo fue repatriado a México para terminar de cumplir una condena pendiente de 22 años por delitos contra la salud y lavado de dinero. Así pues, en 2017 Villanueva ingresó al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, en atención al padecimiento pulmonar que lo aquejaba.
Finalmente en 2020, y tras 19 años de reclusión, Mario Villanueva volvió a su hogar en Chetumal, Quintana Roo, donde terminará su sentencia. Hoy por hoy, el quintanarroense está en espera de la amnistía del gobierno de López Obrador que en días recientes fue rechazada por un Tribunal.
“Vamos a continuar hasta que se le dé libertad, porque está enfermo y ya fue castigado 28 años”, dijo el mandatario en su mañanera.
La identidad falsa de Yarrington
Tomás Yarrington triunfó en las elecciones para la gubernatura de Tamaulipas con el 53.6% de los votos. En 1999 el oriundo de Matamoros tomó las riendas del estado al que prometió un “clima de paz y tranquilidad”, mientras Estados Unidos investigaba su presunto involucramiento con una red de tráfico de cocaína.
Las pesquisas de la DEA y el Departamento de Justicia señalaban al militante del Revolucionario Institucional (PRI) por recibir sobornos del Cártel del Golfo — liderado por los hermanos Antonio y Osiel Cárdenas Guillén —. Esto, como parte del esquema de narcotráfico que corría de Veracruz a Tamaulipas para terminar en Estados Unidos.
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La mira estadounidense lo persiguió por 19 años. Por su parte, la PGR giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario en 2012 por delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico, además de lavado de dinero y fraude bancario.
Finalmente, en 2017 las autoridades de Italia aprehendieron en la plaza Beccaria de Florencia a Yarrington Ruvalcaba, quien negó su identidad y presentó una identificación con un nombre falso.
Un año después, en 2018, el gobierno de Italia lo entregó a Estados Unidos y en marzo del 2023 fue sentenciado a nueve años de prisión tras reconocer que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos. También se le impusieron 3 años de libertad condicional, aunque podría ser deportado a México si el gobierno lo requiere — pues en la nación azteca también se le acusa de lavado de dinero.
Jorge Juan, uno de los más buscados por la DEA
Más de un centenar de países estaban al tanto del ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López. La Interpol y la DEA habían difundido su nombre y rostro: el primero, en el apartado de fichas rojas y el segundo en la lista de “los más buscados”.
Torres entró como gobernador sustituto de Huberto Moreira, quien dejó su cargo para tomar las riendas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su mandato duró de enero a diciembre del 2011 para después ser relevado por Rubén Moreira Valdez.
Ocho años después de su gobierno, en 2019, Jorge Juan Torres fue aprehendido en Puerto Vallarta, Jalisco, por elementos de la FGR. El priísta era requerido ante una corte de Texas, Estados Unidos, por los presuntos delitos de fraude y lavado de dinero por 2.7 millones de dólares.
En 2017, la DEA inculpó a Torres López de participar en esquemas de desvío de recursos del erario de Coahuila, así como de lavado de dinero en México y EU. Esto durante los cargos que ejerció del 2007 al 2011 — tales como alcalde de Saltillo, gobernador interino o secretario de Finanzas.
El coahuilense ingresó al Reclusorio Sur, en Ciudad de México, en febrero del 2019. En octubre del mismo año la FGR lo entregó a Estados Unidos y un año después se declaró culpable de realizar transacciones financieras en esa nación para ocultar los sobornos que recibió como gobernador a cambio de contratos de construcción de carreteras.
Como parte de su aceptación de culpabilidad, Torres accedió a perder una propiedad en EU vinculada a los sobornos. Aunado a ello, el departamento de justicia de EU afirmó contar con el testimonio de dos personas “que describieron su relación con Torres López y detallaron algunas de las transacciones financieras y pagos ilegales”.
En junio del 2021 el ex gobernador recibió una sentencia de 3 años de prisión con miras a ser repatriado una vez cumplimentado el castigo.