Mientras que de manera pública se muestra conciliador, el gobierno del estado maneja un doble discurso, ya que en lo que va del año, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya fue rechazada y actualmente está en proceso un segundo recurso para no pagar a la Fiscalía General de Justicia un adeudo correspondiente al presupuesto 2019.
El 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) falló a favor del organismo encabezado por Gustavo Adolfo Guerrero en una controversia, obligando al estado a entregar una partida de 3 mil 377 millones de pesos -una diferencia de 413.7 millones de pesos contra lo autorizado por las autoridades estatales- eliminada de manera unilateral dentro del recurso asignado a la Fiscalía General de Justicia.
Fuentes confirmaron que el gobierno estatal le otorgó una ampliación de 222 millones de pesos a la Fiscalía, por lo que el adeudo al día de hoy supera los 191 millones de pesos.
Pese a que el 24 de enero del presente año se anunció la existencia de un acuerdo para cubrir ese monto, en realidad el secretario general de gobierno, Manuel González, promovió una controversia constitucional semanas después para evadir dicha responsabilidad.
Ese día, en palacio de gobierno se reunieron por varias horas González Flores, el tesorero de Nuevo León, Carlos Garza, y el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
"Ya termina la discusión sobre la controversia entre la Fiscalía General y el Ejecutivo y el convenio que se celebró será publicado en los próximos días, pero consiste en unos terrenos de gobierno para la Fiscalía, para que sean utilizados en la construcción de oficinas que la Fiscalía requiere. Llegamos a un feliz acuerdo y a un feliz término de esta controversia", dijo Manuel González a los medios de comunicación en esa ocasión.
Semanas después de esta declaración, el número dos de la administración estatal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, la cual fue desechada por el Pleno el 17 de marzo.
González Flores sustentó la queja en que, con su determinación, el Tribunal Superior de Justicia violentó la autonomía del gobierno estatal y la división de poderes; los ministros advirtieron que la controversia constitucional no era la vía para resolver el tema.
“Al respecto, este alto tribunal ha establecido que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar determinaciones jurisdiccionales dictadas por tribunales judiciales o administrativos. Incluso, en los casos en que se aduzcan violaciones a preceptos de la Constitución federal, porque reconocer la procedencia de esta vía para plantear la invalidez de un acto de esta naturaleza, implicaría hacer de este medio de control constitucional un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión una cuestión relativa al procedimiento natural”, se lee en la sentencia.
Tras el revés, el gobierno estatal promovió el pasado 28 de julio un recurso de reclamación nuevamente ante la Suprema Corte, por conducto de José Arcadio Molina Villagómez, delegado del Poder Ejecutivo de Nuevo León, del cual MILENIO posee una copia.
Al ser aceptado para su estudio y quedar enlistado como el expediente 59/2020-CA, el estado gana más tiempo, por lo que el pleito legal seguirá por varios meses y podría resolverse hasta 2021.
Cronología
27/12/2018
Congreso aprueba recorte a la Fiscalía General de Justicia de NL.
21/02/2019
Fiscalía promueve controversia contra reducción de su presupuesto.
06/12/2019
Fiscalía gana la controversia y ordenan al estado pagar.
24/01/2020
Gobierno declara "feliz acuerdo" con Fiscalía y anuncia que pagará con terrenos.
17/03/2020
Suprema Corte desecha controversia del estado.
28/07/2020
Estado presenta reclamación ante Suprema Corte para evadir el pago.