Durante la fallida Operación Tornado, el ex gobernador Jaime Heliodoro "N" criticó que los investigados consiguieran amparos "hasta en los Oxxo a 20 pesos", pero hoy en día, su esposa, suegra y principales ex funcionarios buscan la protección de la justicia federal.
A la ola de solicitudes que se dio a conocer en días pasados, ahora se suman Enrique Torres Elizondo, ex secretario general de gobierno, ex secretario de Administración y ex director de Agua y Drenaje de Monterrey, quien promovió un juicio contra las acciones y reglamentación de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE), sin embargo, le fue rechazado.
"Deséchese de plano la demanda de amparo promovida toda vez que este órgano de control constitucional advierte la existencia manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa", se lee en la demanda de amparo 515/2022.
La misma suerte corrieron María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación, y María Teresa Martínez, suegra del ex mandatario, quien ocupó diversos cargos en la administración, pues no consiguieron la protección de la justicia federal.
La ex secretaria de Educación buscaba el descongelamiento de sus cuentas bancarias, luego de que la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT NL) procediera en consecuencia por presuntamente detectar anomalías en varios movimientos.
"Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León considera que no es competente para conocer de la presente demanda de amparo", refirieron en el recurso de María de los Ángeles Errisúriz, con el expediente 506/2022.
En el caso de Errisúriz y Enrique Torres fue el Juzgado de Distrito Primero en Materia Administrativa el que les negó su respectiva demanda de amparo, pues se consideró incompetente para brindarles dicha protección legal.
Mientras tanto, en lo que refiere a la suegra del ex gobernador, María Teresa Martínez Galván, fue el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal el que previno a la misma, al requerir más documentación, para determinar si le otorgan o no el amparo con el expediente 203/2022.
"Previo a acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda de acuerdo a lo siguiente: 1. Precise los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. 2. Proporcione las copias necesarias de su ocurso aclaratorio para cada una de las partes (...)", detalló el Juzgado de Distrito Penal.
Ellos se suman a Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable, y a Adalina Dávalos Martínez, ex primera dama de Nuevo León, quienes sí obtuvieron suspensiones provisionales para evadir cualquier acción que amerite su aprehensión y comparecencia ante juzgados federales.
En lo referente a Manuel Vital, éste tramitó al menos dos amparos para lograr además que les descongelen sus cuentas, pues la SAT NL detectó hace unas semanas irregularidades en sus movimientos bancarios.
Mientras que la esposa del ex gobernador tramitó un amparo, luego de los cateos que la FGJ realizó a dos ranchos de Jaime Heliodoro "N", y en los que incautaron dos millones 100 mil pesos, dos armas y dos cajas fuertes, en donde había la cantidad de cuatro mil 500 pesos.