El ex secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Roberto Moreno, promovió un juicio de amparo en el que acusa a las autoridades del sistema, en particular a su ex presidenta, Vania Pérez Morales, de haber hecho “declaraciones falsas” en las que se le señala como responsable de la comisión de hechos de corrupción.
Según Moreno, tales declaraciones tienen el “único propósito” de “afectar negativamente su reputación e integridad personal para impedirle participar en la vida jurídica, laboral y política de este país”.
Roberto Moreno Herrera fue titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) hasta febrero de 2025, cuando renunció, según él, por motivos personales y familiares.
No obstante, su salida estuvo envuelta en declaraciones públicas, en particular de la entonces presidenta del SNA, Vania Pérez, quien dio entrevistas en diversos medios de comunicación y en sesiones del Comité Coordinador, las cuales son citadas por Moreno Herrera en su demanda de amparo, que presentó en noviembre de 2025, nueve meses después de su salida de la SESNA.
La demanda, que es pública en el sistema de consulta del Poder Judicial Federal, recopila al menos cuatro momentos en los que Pérez Morales hizo referencia a Moreno Herrera, los cuales, según el ex servidor público, forman parte de una “campaña de desprestigio” en su contra.
¿Qué reclama el ex funcionario en su demanda?
Uno de los reclamos del ex secretario técnico del SNA contra Pérez Morales es una carta en la que ella advirtió que Moreno Herrera era “sujeto de investigaciones administrativas”, la cual fue publicada en los días en que él había comenzado a trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo del que presuntamente fue removido tras darse a conocer el documento.
Moreno aseguró que el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, de los cuales Vania Pérez fue presidenta de febrero de 2025 a enero de 2026, ejercieron atribuciones “para generar en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un ánimo de culpabilidad sobre mi persona por la realización de supuestos actos indebidos”.
Con ello, alegó, “se vulneró por las autoridades responsables mi derecho a la presunción de inocencia y se afectó mi situación laboral y reputación profesional”.
La demanda de amparo fue presentada originalmente en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el 11 de noviembre de 2025 y señaló como autoridades responsables al SNA en su conjunto: a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, quien busca la reelección en ese cargo; a la titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, Luz Mijangos, quien ahora compite por la titularidad de la ASF; la representante del entonces Consejo de la Judicatura Federal, hoy Órgano de Administración Judicial Federal; al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en ese entonces era Guillermo Valls, y a la presidenta del CPC del SNA, que entonces era Vania Pérez Morales.
La queja central de su demanda son “la inconstitucionalidad de actos que tienen el carácter de tracto sucesivo porque forman parte de una campaña de desprestigio orquestada por las autoridades responsables”.
Moreno acusó que “tales actos, si bien han acontecido en diversos momentos, no menos cierto resulta que fueron producidos por las mismas autoridades responsables y, en su conjunto, han tenido como único propósito afectar negativamente mi reputación e integridad personal para impedirme participar en la vida jurídica, laboral y política de este país, mediante declaraciones falsas en las que se me señala como responsable de la comisión de hechos de corrupción”.
En su demanda, identificó al menos cuatro publicaciones en las que se refiere a él, presuntamente de manera negativa: una del 21 de febrero de 2025, dos del 18 de septiembre de 2025 y una del 23 de octubre de 2025.
“Las declaraciones (…) violentan en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1o., 14 y 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se me atribuye plena responsabilidad en la comisión de hechos de corrupción, pese a que no existe una determinación firme que establezca esa condición en mi contra”, reclamó.
“Con ello, se han generado afectaciones de imposible reparación a mi honor, decoro, prestigio profesional, reputación, fama y derecho a una vida privada que limitan la posibilidad de incorporarme al servicio público o a cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro y fuera del gobierno, al propiciar la estigmatización de mi persona”, acusó.
Aunque el juzgado desechó por improcedente la demanda el 12 de noviembre de 2025, Moreno promovió una queja ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual, el pasado 4 de febrero, por unanimidad, consideró fundado el reclamo, revocó el acuerdo de desechamiento y ordenó al juez que admita la demanda de amparo.