Después de que miles de maestros de Nuevo León fueron inmunizados con las vacunas Sputnik V y Cansino, que aún no cuentan con una aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un exhorto a la Secretaría de Salud federal para garantizar el derecho a la salud de docentes.
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A casi dos años del inicio de la pandemia y la reactivación de actividades presenciales como las clases en todos los niveles educativos, el organismo defensor de derechos humanos destacó que ha surgido una preocupación recurrente entre el personal docente: la correcta inmunización contra el virus SARS-CoV-2 o covid-19.
El exhorto fue dirigido específicamente a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la dependencia federal.
“Esta preocupación gira en torno a que el personal docente fue inmunizado, en su mayoría, con las vacunas Sputnik V y Cansino, las cuales no cuentan aún con una aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia.
“Es una situación que ha generado desconcierto entre las personas que recibieron dosis de dichas vacunas, surgiendo cuestionamientos sobre si es seguro el regreso a clases presenciales y la convivencia con menores de edad que no se encuentran inmunizados con ninguna dosis”, dijo la CEDHNL en el escrito.
La comisión señaló en el exhorto tres puntos a observar para la dependencia de salud federal.
“Esta comisión emite un atento y respetuoso exhorto a fin de que se considere una estrategia de difusión con base en datos científicos actualizados, que hagan del conocimiento del personal docente y la población en general, la protección que brindan las diferentes vacunas contra el covid-19.
“Otorgar al personal docente la opción de acceder a un proceso de inmunización con diversa vacuna, cuando así lo permita su esquema de vacunación previo, así como precisar la fecha estimada de inoculación a menores de edad”, indicó el organismo.
De acuerdo con la Resolución 01/2021, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso a las vacunas que adopten todos los estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.