La diputada por Morena en el Congreso de Guanajuato, Alma Alcaraz, lanzó un exhorto a la Contraloría Municipal de San Miguel de Allende para que revisen muchos temas que se han quedado en el tintero y que no han avanzado, referentes a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y otras observaciones que ha hecho la Auditoria Superior del Estado, mismas que la contraloría tendría que atender, aunque todavía no lo hace.
Precisó que, derivado de la revisión de la cuenta pública de San Miguel de Allende para el ejercicio fiscal de 2019, se encontraron 4 observaciones no solventadas que dieron cuenta de los principios con los que operaba la administración panista de Villarreal: irresponsabilidad, simulación, hipocresía y corrupción.
“De esta manera, la ASEG encontró, por ejemplo, que mientras el acta de Ayuntamiento colocaba en el presupuesto de egresos alrededor de 246 millones de pesos para servicios personales, en el estado analítico de la cuenta pública sólo registraron 236 millones, ¿A qué se debió esa diferencia?, ¿por qué hay 10 millones en servicios personales que no se reportaron en la Cuenta Pública? Si bien la respuesta a estas preguntas puede provenir de la mala fe o de la incompetencia, lo cierto es que independientemente de eso, se violó la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, refirió la legisladora.
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Sumado a ello, dijo la legisladora que la administración municipal de Villarreal decidió rentar semáforos a dos empresas por 51.4 millones de pesos en un lapso de 27 meses; es decir, 1.9 millones de pesos mensuales.
“Esta contratación se hizo violando el marco jurídico en la materia, pues el panismo sanmiguelense no se preocupó por acreditar que no era posible ni conveniente la adquisición de los semáforos antes de rentarlos, pese a que la normativa lo señala. De igual forma, tampoco estableció el costo unitario de los semáforos arrendados, pese a ser un requisito de Ley”, comentó.
Agregó que, cuando la ASEG decidió hacer la inspección física de los semáforos rentados, lo único que se acreditó fue que algunos semáforos no estaban instalados, otros no estaban en funcionamiento, otros más ni siquiera se localizaron, e incluso se acreditó que el sistema con el que dichos semáforos debían funcionar ni siquiera corresponde a las características fijadas en el contrato.
“Así, desde marzo de 2021, este Congreso del Estado de Guanajuato aprobó el informe de auditoría en el que se acreditaron estas irregularidades, por lo cual se ordenó a la ASEG iniciar las acciones de responsabilidad conducentes. De esta manera, se esperaría que, a casi 1 año de que se iniciaran estos procedimientos, ya se hubiera fincado alguna responsabilidad administrativa e impuesto alguna sanción”, concluyó.
ALOL