Inconformes por cómo se desarrolló el proceso de elección del Magistrado Especializado en la Sala Administrativa, un grupo de organizaciones civiles de la entidad del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, donde casualmente fue nombrado el oficial mayor de Congreso local, Mario Treviño, solicitaron se les informe el procedimiento que se utilizó para esta selección.
En rueda de prensa a la entrada del Congreso del Estado, integrantes de la Alianza Cívica Nuevo León, AMEDI Nuevo León, Colectivo Nosotros, Curul 43, Evolución Mexicana, Fuerza Unidos por Nuestros Desaparecidos y Redes Quinto Poder, encabezados por Juan Manuel Ramos y Liliana Flores Benavides, por escrito piden explicaciones a los integrantes del Comité de Selección de Sistema Estatal Anticorrupción.
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Entre otras cosas, solicitan los criterios bajo los cuales el Comité de Selección llevó a cabo la evaluación y análisis de los aspirantes y las razones legales y fácticas de la recomendación de los cinco finalistas.
“Reafirmando su compromiso con una democracia sustentada en la información, las organizaciones firmantes apoyamos el esfuerzo de más de 15 ciudadanas y ciudadanos que han ejercido su derecho a saber y, por ello, suscribe las solicitudes de acceso a la información que se han presentado al Comité de Selección del SEA para conocer:
“1).- Las cédulas en las que consten los mecanismos de evaluación de las entrevistas de todas las personas aspirantes al cargo. 2).- Los criterios bajo los cuales el Comité de Selección llevó a cabo la evaluación y análisis de las y los aspirantes. 3).- Las razones legales y fácticas de la recomendación de los cinco finalistas. Y 4).- Las actas o minutas del Comité de Selección de todas las reuniones que hayan celebrado durante este procedimiento”, dijo Ramos.
Consideraron que se trata de una situación grave, porque el magistrado es quien decidirá si un servidor público va o no a la cárcel, y por ello es necesario que el titular del cargo sea una persona realmente autónoma.
Los manifestantes comentaron que de ser necesario acudirán al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a la Suprema Corte si no reciben la información adecuada.