Luego de que el alcalde reelecto de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, fue sancionado nuevamente por infracciones electorales en su pasada campaña política, el representante del PAN ante el Ietam, Manglio Murillo Sanchez, exigió que se haga un pronunciamiento para que diputados endurezcan la ley contra estos actos.
Dijo es necesario que el Poder Legislativo dé más facultades al Instituto Electoral de Tamaulipas para castigar con mayor rigor las anomalías en que incurren partidos y actores políticos, pues considera que actualmente no se garantiza la legalidad del proceso.
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Este miércoles, en sesión del Consejo General del Ietam, se aprobó el procedimiento especial sancionador PSE-73/2024, que declara existentes las infracciones atribuidas a Carlos Víctor Peña Ortiz, consistentes en uso indebido de recursos públicos y trasgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad.
¿Qué infracciones cometió?
Lo anterior, luego de que realizó actos proselitistas en día y hora hábil, y utilizó el cargo de presidente municipal para promover su candidatura desde su cuenta oficial de Facebook; según se expuso, acudió a una empresa a informar sobre los planes que tiene para Reynosa, portando vestimenta con los emblemas de los partidos que lo postularon para su reelección.
El Ietam estimó que la gravedad de la conducta es leve, y determinó sancionarlo con una amonestación pública, pues conforme a la ley es lo que procede, además de inscribirlo al catálogo de sujetos sancionados.
“Hay debilidad o falta de severidad en la sanción”, dijo al respecto el representante del PAN, Manglio Murillo, quien señaló que el Instituto Electoral de Tamaulipas, con toda su capacidad, no puede garantizar la equidad en la contienda, porque está limitado por las leyes en la materia.
“Falta que los legisladores amplíen sus facultades, pues es lamentable que no se tenga la capacidad jurídica para sancionar ejemplarmente y sus resoluciones no hagan mella a los infractores, es una burla”.
Sostuvo que Peña Ortiz ha infringido una y otra vez la norma jurídica, mientras el Consejo General del Ietam no tiene la capacidad ni para dar celeridad al estudio de los casos, ni para aplicar sanciones más contundentes.
“Tenemos que hacer un pronunciamiento al Poder Legislativo y decirle, me tienes atado de manos, y con ello evitar que nadie se salga con la suya”, puntualizó.
SJHN