Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos cuyos restos fueron identificados después de ser localizados en una fosa clandestina en San José del Cabo, se desempeñó como asesor político del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, antes de incorporarse al gobierno municipal de Baja California Sur.
Un currículum integrado a la documentación para su ingreso al Ayuntamiento de Los Cabos, que contiene el visto bueno para su alta como asesor de Presidencia el 1 de febrero de 2022, establece entre su experiencia laboral:
“Asesor político. Periodo 2021-Actualidad. Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”, se lee en el documento.
El mismo documento refiere que Beltrán también realizó trabajos de asesoría política para Margoth Urrea Pérez, entonces presidenta municipal de Navolato, y Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, ambos en Sinaloa, además de registrar antecedentes de asesoría con funcionarios de Sonora y legisladores federales.
La relación profesional con Rocha Moya cobra relevancia en medio de las acusaciones presentadas el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense y otros funcionarios y exfuncionarios por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya de haber colaborado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y sostiene que ese grupo habría contribuido a su llegada a la gubernatura en 2021. Se trata de acusaciones y no de una sentencia; el mandatario sinaloense ha rechazado públicamente los señalamientos.
El caso también tiene conexiones políticas con Baja California Sur. Tras conocerse las acusaciones en Estados Unidos, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío defendió públicamente a Rocha Moya y reconoció que mantienen una amistad desde hace años.
En mayo, MILENIO documentó que Castro Cosío calificó al gobernador de Sinaloa como un “amigo entrañable” y afirmó que no renegaría de sus amistades “en las buenas y en las malas”.
“La amistad de un servidor jamás va a ser puesta a prueba por una calumnia”, declaró entonces el mandatario sudcaliforniano, quien posteriormente cuestionó las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra Rocha Moya.
Trayectoria política en Baja California Sur
Fue en Baja California Sur donde Beltrán desarrolló la última etapa conocida de su carrera política y administrativa.
El 1 de febrero de 2022 fue dado de alta como asesor de Presidencia durante el gobierno municipal encabezado por Óscar Leggs Castro.
En septiembre de 2023 pasó a ocupar la Oficialía Mayor de Los Cabos y permaneció en esa posición tras el cambio de administración; en septiembre de 2024 fue nuevamente nombrado en el cargo durante el gobierno de Christian Agúndez Gómez.
Su nombre, sin embargo, ya había aparecido desde la elección de 2021 en Baja California Sur por su relación con BOATIP de México, empresa vinculada con el desarrollo de Komuna, una aplicación utilizada durante aquella contienda para realizar actividades de promoción política a cambio de puntos canjeables por productos y servicios.
La operación de Komuna derivó en denuncias promovidas por integrantes de la entonces alianza PAN-PRI-PRD ante autoridades federales por una posible coacción del voto durante el proceso electoral en el que Víctor Castro ganó la gubernatura.
Beltrán dejó la Oficialía Mayor el 25 de mayo de 2026 argumentando motivos personales. Después de su salida dejó de tener actividad pública conocida y posteriormente comenzó a desconocerse su paradero.
Desaparición, señalamientos y confirmación del deceso
En julio, en medio de esa incertidumbre, circuló un video en páginas que el propio gobernador Víctor Castro identificó como relacionadas con grupos criminales. En la grabación se hablaba de la presunta muerte de Beltrán, se le vinculaba, sin pruebas judiciales, con integrantes del crimen organizado y se le señalaba como supuesto operador financiero de esa organización.
Fue en ese contexto, cuando todavía no existía confirmación oficial de que Beltrán hubiera muerto, que el exalcalde Óscar Leggs Castro habló públicamente sobre la llegada del entonces funcionario a su administración.
Leggs aseguró que el nombramiento de Beltrán como oficial mayor en 2023 no fue una decisión propia, sino que ocurrió por instrucciones del gobernador Víctor Castro y del Gobierno del Estado.
“Por instrucciones del gobernador y del gobierno del estado, esta persona llega como oficial mayor a Los Cabos”, declaró el exalcalde.
Víctor Castro rechazó posteriormente esa versión y sostuvo que corresponde a los presidentes municipales designar a sus funcionarios, por lo que negó haber impuesto a Beltrán en el Ayuntamiento de Los Cabos.
El mismo video que hablaba de la presunta muerte del exfuncionario proporcionó referencias sobre sitios donde supuestamente se encontraban personas enterradas clandestinamente. Las autoridades acudieron a los puntos señalados y el 13 de julio localizaron restos humanos en una brecha que conduce hacia la colonia La Ballena, en San José del Cabo.
Durante más de un mes la identidad de la persona permaneció sin confirmación pública.
Fue hasta el sábado 22 de agosto cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que los análisis de confronta genética practicados a la osamenta determinaron que los restos correspondían a Carlos Alberto Beltrán Olmeda.
Hasta ahora, la Procuraduría no ha informado públicamente cuál fue la causa de muerte del exfuncionario, cuándo habría sido privado de la vida, quiénes participaron en el crimen ni si los señalamientos difundidos previamente en páginas relacionadas con grupos criminales forman parte de alguna línea formal de investigación.
IOGE