La mayor cantidad de expedientes que la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió mantener “bajo reserva” durante uno y dos años en el primer semestre de 2022 son los relacionados con investigaciones y sanciones a funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente, Bienestar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Además, en la primera mitad del año, la Secretaría clasificó por un periodo de cinco años al menos 47 expedientes de la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM) y áreas de la misma SFP con información que, si se difunde, considera, puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, comprometer la seguridad nacional u obstruir actividades de investigación, inspección y auditoría.
De acuerdo con el Índice de Expedientes Reservados de la SFP correspondiente la primera mitad del año, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Semarnat, que encabeza María Luisa Albores, es el que más expedientes decidió "ocultar" durante un año al sumar al menos mil 328.
La clasificación de reserva se impone para no entregar la documentación ante solicitudes de transparencia o resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o para no publicarla en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De la Secretaría de Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel, el OIC determinó mantener bajo resguardo 574 expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios de la dependencia.
En tanto, de la Conagua, a cargo de Germán Martínez, hay en la lista 377 expedientes de procedimientos administrativos que deberán resguardarse durante un año.
De la Conapesca, encabezada por Octavio Almada, la SFP tiene 281 expedientes, correspondientes a procedimientos de responsabilidad administrativa, pero también de auditorías, que mantendrá bajo resguardo durante dos años.
Los argumentos para mantener bajo reserva esta documentación son, principalmente, la protección del debido proceso para los servidores públicos involucrados y para no alterar el curso de las investigaciones.
“Se vulneraría el debido proceso con el que cuentan los involucrados, en tanto que la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo sancionador aún no tiene el carácter de firme”, explica en algunos casos.
“La divulgación del contenido del expediente que se propone para reservar, representaría una vulneración irreversible en la debida conducción del procedimiento de responsabilidad administrativa”, aclara en otros.
En el Índice de Expedientes Reservados por un año se encuentran en total 3 mil 16 archivos y destacan los de instituciones como Fonatur, del que hay 314; Segalmex, con 93; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, con 90; el OIC de la propia SFP, con 29; la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 21; la Secretaría de Energía, con 20, entre otros.
Expedientes reservados por dos años hay en total 344, de los que 38 corresponden a la propia SFP, 16 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y siete a la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, principalmente.
Hay, además, 10 expedientes clasificados como reservados por tres años, principalmente de áreas de la Guardia Nacional, la Secretaría de Educación Pública y áreas administrativas de la SFP.
De seguridad nacional
Sin embargo, aunque en menor cantidad, hay expedientes a los que la SFP protegió con una temporalidad más amplia, cinco años, por considerar que contienen temas más sensibles.
De los 47 expedientes reservados por ese tiempo, la mayoría, nueve, corresponden a archivos del OIC de la Guardia Nacional, que contienen información como marca, modelo, matrícula, calibre del armamento, número de serie, características, especificaciones técnicas y descripción del equipo policial de los vehículos; características técnicas y descripción de bienes y equipos utilizados por los integrantes de la Policía Federal, así como número de las aeronaves, estado de fuerza e inmuebles que ocupa la Policía Federal.
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Esos expedientes se mantienen ocultos, pues, de conocerse, “podría causar daños a la seguridad pública, ya que se estaría dando cabida a que organizaciones delictivas tengan acceso a la información”.
También contienen información como nombres, firmas y número de expediente de los integrantes y exintegrantes de la Guardia Nacional, así como de elementos del OIC y nombres de las personas servidoras públicas con sanciones graves y firmes, que de difundirse pone en riesgo su vida y seguridad, “pues la persona que conozca dicha información puede utilizarla para amenazar, intimidar o extorsionar”.
Ocho expedientes corresponden a la Unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SFP, con información sobre declaraciones patrimoniales de servidores públicos y de funcionarios adscritos a áreas de seguridad nacional.
Seis más corresponden a la Dirección de Datos Personales de la SFP, en los que la información a proteger son los nombres y cargos de los operadores de los sistemas de tratamiento de datos personales, así como características del lugar físico donde se encuentra el sistema de datos personales de la dependencia y el tipo de soporte y las medidas de seguridad que se aplican para la protección de los mismos.
Cinco son del OIC en el SAT, en los que, entre otros datos, se protegen los nombres de servidores públicos adscritos a aduanas.
Dos son de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, en donde lo que se protege son los nombres de los titulares de los OICs del Centro Nacional de Inteligencia, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Guardia Nacional y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que, según la SFP, deben mantenerse ocultos debido a que realizan acciones operativas de control y verificación y darlos a conocer los pone en riesgo.
Tres son expedientes de la Secretaría de Hacienda, donde se reservan nombres y cargos adscritas a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros datos.
Otros dos son del OIC del Instituto Nacional de Migración relacionado con una auditoría en la que se mencionan los nombres de agentes federales de la institución; dos más de la Secretaría de la Defensa Nacional, con nombres de elementos militares, y uno más, de la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción de la SFP, que contiene los nombres de las personas que activaron alertas sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno federal.
EHR